El pleno de Estepona crea mañana la comisión de investigación sobre "las presiones" del PP

El Ayuntamiento de Estepona aprobará mañana la creación de una comisión de investigación para esclarecer las acusaciones vertidas hace una semana por la ex alcaldesa, Rosa Díaz, contra el presidente provincial del PP, Joaquín Ramírez, que apuntaban a su supuesta implicación en una trama inmobiliaria. Díaz aseguró que Ramírez había presionado para que el PP apoyase en el Ayuntamiento el convenio urbanístico firmado por Jesús Gil Marín dos días antes de abandonar la Alcaldía. El pleno acordará también trasladar a la Fiscalía los hechos denunciados por Díaz.

El pleno debatirá el viernes una moción, presentada ayer, en la que PSOE, PES (antiguos ediles del GIL), IU y PA piden que se constituya una comisión de investigación y solicitan que, paralelamente, se remita al Ministerio Fiscal el vídeo y los periódicos que recogieron la rueda de prensa en la que Díaz afirmó que Ramírez había "presionado" para que el PP votase contra la anulación de la venta de una parcela, conocida como Explanada ganada al mar, realizada por Gil Marín cuando su gobierno se encontraba en funciones.

En la moción, los cuatro portavoces de estos partidos consideran que de las declaraciones de Díaz pueden deducirse "unos hechos presuntamente constitutivos de delito", que deben ser investigados hasta el final. "Manifestamos nuestra convicción en la presunción de inocencia, pero buscamos y pretendemos que se sepa la verdad en aras a la transparencia de la vida política", señalan en el escrito.

La venta de los polémicos terrenos municipales, situados Junto al Puerto deportivo de Estepona y reservados en principio a la ampliación del recinto portuario, se produjo el 8 de julio de 1999. El consejo de administración de la sociedad municipal Servicios Estepona XXI, presidido por José Ignacio Crespo (actual primer teniente de alcalde, coaligado con el PSOE) acordó ceder a la empresa Marín Hilliger la parcela de 35.163 cuadrados por 14,4 millones de euros, pese a que los terrenos estaban valorados por el propio Ayuntamiento en 48 millones.

El nuevo gobierno cuatripartito -PSOE, PP, IU y PA- anuló la venta el 14 de julio de 2000 y solicitó un estudio al Consejo Consultivo de Andalucía, que declaró lesivo para los intereses del municipio el acuerdo suscrito con la promotora. Un año después, el 27 de septiembre de 2001, se aprobó en una sesión plenaria la subasta de la Explanada ganada al mar con un precio de salida de 28 millones de euros. La corporación estaba presidida en aquella fecha por Antonio Barrientos. Esta votación es a la que se refirió Rosa Díaz en sus declaraciones del pasado viernes.

En cualquier caso, Marín Hillinger recurrió el acuerdo y en abril de 2002 los terrenos aparecieron sorpresivamente en el Registro de la Propiedad a nombre de la promotora, que poco después pedía una hipoteca sobre la finca a Cajasur de 3,6 millones de euros. En agosto de 2003 el Gobierno andaluz anuló la autorización para enajenar en pública subasta la parcela, al no haberse realizado ninguna actuación legal para anular la inscripción de la finca a nombre de Marin Hillinger. Finalmente, en marzo pasado, el Ayuntamiento interpuso una demanda para recuperar la finca. El pleito en principio sigue adelante pero la situación podría cambiar en cuestión de días.

Pocos días antes de la subasta de la parcela, Barrientos trató de negociar con Marin Hillinger la venta de los terrenos, que los servicios técnicos municipales tasaron en más de 28 millones de euros. El 6 de septiembre de 2001 el entonces regidor envió una carta al representante de la constructora, Angel Marín Cano, en la que le instaba a llegar a un acuerdo para poner fin al pleito y le preguntaba "cuánto estaría dispuesto a pagar, concretando el precio y forma de pago". A continuación, Antonio Barrientos pedía "la debida discreción por la importancia del asunto".

El regidor aseguró que todos los partidos tenían conocimiento de estas negociaciones. "Si hubiésemos tenido conocimiento, ¿por qué pide discreción?", replicó José Gérez, ex concejal del GIL y portavoz de la gestora nombrada por el PP en Estepona. Barrientos reconoció también ayer reuniones recientes con la empresa, aunque explicó que el tema se ha pospuesto a espera del dictamen de los servicios jurídicos municipales: "La situación ha cambiado, ahora los terrenos están inscritos a nombre de Marín Hillinger y existe una hipoteca de Cajasur sobre la parcela".