280 grabaciones, decenas de recursos, más de 11.000 folios...

¿No se puede juzgar a una veintena de narcos antes de que transcurra el límite de cuatro años de prisión preventiva y no quede más remedio que ponerlos en libertad? ¿Cómo ha sido posible que seis de los 22 implicados en la Operación Carro por introducción en España de más de 800 kilos de heroína se hayan fugado?

De los seis procesados por narcotráfico que el 27 de octubre no se presentaron ante el tribunal, sólo tres, José Gomes Pires, el cabecilla de la banda; Gregorio Fernández Antón, el tesorero del anterior, y un ayudante, Miguel Rui Teixeira, fueron excarcelados por cumplimiento del límite de cuatro años en prisión preventiva. Los otros tres estaban en libertad desde antes de que se cumpliera el plazo, al tener implicaciones menos graves.

La policía grabó escuchas telefónicas a 22 procesados de nueve nacionalidades distintas

La acumulación de investigaciones generó un macroproceso de enormes proporciones

El caso de Gomes Pires, un portugués de 55 años apodado El enano y con una dilatada trayectoria en el mundo de la droga, es especial. A punto de cumplir los cuatro años de prisión preventiva, el tribunal intentó una operación a la desesperada: entregarlo temporalmente a Portugal para ser juzgado por otra causa pendiente y una vez condenado en su país de origen, reclamarlo para ser juzgado aquí. Pero en los cálculos no entraba que Gomes fuera absuelto y excarcelado en Portugal. Cuando España lo reclamó, ya no fue encontrado.

Pero, ¿por qué no ha dado tiempo a que en cuatro años se celebrase este juicio?

Ni el cambio de juez, ni el análisis de la droga incautada, ni la traducción de las intervenciones telefónicas de idiomas como el farsi (persa), o el kurdo al castellano, ni las comisiones rogatorias libradas a Turquía, Holanda y Portugal, ni el seguimiento del dinero blanqueado han sido, por separado, causa determinante para haberse alcanzado, el pasado abril, el tope de los cuatro años de prisión preventiva, según coincidieron el presidente del tribunal, Siro García, y los inspectores del Consejo del Poder Judicial que examinaron el caso. Pero el conjunto de todas ellas propició la excarcelación de Pires y otros dos de los principales acusados.

En la Audiencia Nacional hay sumarios de delitos económicos de especial complejidad cuya instrucción puede llevar el triple de ese tiempo. Aún quedan por juzgar algunos asuntos de principios de los años 90. Pero además, un sumario con 22 acusados, de nueve nacionalidades distintas, es en sí mismo un macroproceso en el que cada papel que se mueve hay que notificarlo a los 22 implicados. La experiencia demuestra que en los grandes macroprocesos por narcotráfico se llega raspando al filo de los cuatro años, el tope máximo de permanencia en prisión.

En el sumario de la Operación Carro, a las primeras investigaciones sobre dos de las tramas de distribución de heroína se acumuló otra posterior y después otra más sobre el blanqueo del dinero. El sumario fue engordando hasta alcanzar en tres años más de 11.000 folios. Sin embargo, pudo haberse fraccionado en cuatro, dando lugar a cuatro juicios distintos, tal como sugirió el presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Siro García, en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Estas operaciones se acumularon en el mismo sumario, al que además se añadió la canalización de beneficios desde España a Turquía, por medio de correos de países árabes de Oriente Próximo, que entre julio y octubre de 1999 enviaron el equivalente e 250 millones de euros (41.600 millones de pesetas) en pesetas, libras, dólares, francos franceses y suizos, marcos, escudos y florines.

El sumario lo inició el juez Manuel García Castellón en abril de 1999. Durante un año y dos meses acumuló 6.677 folios en 23 tomos y cuando fue nombrado magistrado de enlace entre España y Francia para asuntos de terrorismo, las actuaciones las llevó su sustituto, Juan del Olmo, que concluyó la instrucción en otros dos años y seis meses, totalizando en 39 tomos 11.358 folios.

Para entonces, los intentos de los abogados por alcanzar el límite de la prisión eran más que evidentes. En el auto de conclusión del sumario, el propio juez Del Olmo constató "la estrategia" que evidenciaban "el tipo de diligencias solicitadas por algunos procesados".

Tras la conclusión del sumario, en diciembre de 2002, los abogados instaron una "avalancha" de recursos de todo tipo -reforma, apelación, súplica, queja, incidentes de nulidad y hasta un artículo de previo especial pronunciamiento- a los que los jueces no podían dejar de contestar para no poner en peligro todo el procedimiento. Sólo Fernando Pamos, abogado de Logman Ghodsi Maboobalam, presentó 23 recursos o incidentes. Este letrado, que se dio a conocer en medios jurídicos al asumir la defensa del ex represor argentino Adolfo Scilingo, ha seguido en ambos casos una estrategia parecida, inundando de recursos a los jueces. Él asegura que su función es defender a su cliente y que ejercita los recursos que la ley pone a su alcance. Los jueces los han considerado posteriormente como maniobra dilatoria, descontando un periodo de cinco meses en el cómputo de la prisión preventiva de su defendido y otros tres acusados, que siguen presos.

Sea como fuere, en abril, Pires y otros tres de los principales acusados en la Operación Carro se dieron a la fuga. Y lo que se vislumbraba como la antesala de otra fuga se materializó la tarde anterior al juicio. Fuentes de la Audiencia Nacional temen que tampoco sea la última. Entretanto, lo único que cabe hacer, dicen, es "evitar los macroprocesos".