Diagnosis preliminar de la reforma del Estatuto

La reforma del Estatuto de Autonomía ha traspasado la frontera de los escenarios tradicionales de la política, para incorporarse paulatinamente a la esfera mediática de la opinión pública. La primera impresión que se recibe es de una clara división seguramente insuperable. De un lado, aquellos que consideran razonable plantear una "actualización" del Estatuto a la realidad autonómica; de otro, quienes critican el desatino de promover una discusión, justo en el momento en que se está poniendo en tela de juicio por gobiernos y propuestas nacionalistas el principio básico de la unidad del Estado. No es fácil poner apellidos a ambas posturas, pues en cuestiones de oportunidad política se puede dudar también de la conveniencia de esta iniciativa, sin dejar de mantener una posición ideológica en absoluto conservadora.

La segunda dimensión tiene que ver con la relevancia constitucional y estatutaria de una hipotética reforma cuyos contornos reales no han sido definidos por su promotor, el Gobierno andaluz. Ciertamente se han hecho desde instancias gubernamentales algunas alusiones a aspectos que deberían ser objeto de renovación, pero resultan lo suficientemente imprecisas como para presumir que no existe aún un proyecto concreto de lo que se quiere reformar. O se carece aún de la necesaria seguridad de exponerlo abiertamente por los riesgos políticos que se corren en el caso de que fracase. Porque conviene no olvidar que cualquier cambio en el articulado del Estatuto andaluz exigirá siempre el apoyo de una mayoría cualificada del Parlamento autonómico (mayoría de tres quintos); ese requisito obliga a buscar el consenso con la segunda fuerza política de la Comunidad (PP), hasta ahora reticente a entrar en el simple debate, y opuesta frontalmente a la discusión parlamentaria.

Pero si se entra en el examen de los contenidos, no parece que el significado de los cambios que se plantean pase de una mejora técnica, de relieve más jurídico que político. Ciertamente algunas de esas innovaciones deberían ser incorporadas sin más demora. Por ejemplo, y como ya ha ocurrido en otros Estatutos de Autonomía, el reconocimiento del poder del presidente de disolución anticipada de la Asamblea. Igual de imprescindible debería ser la supresión del mecanismo que permite la elección automática del presidente cuando no se dispone de una mayoría en el Parlamento; sólo Andalucía y Castilla-La Mancha han mantenido este singular sistema que encierra notables dudas de inconstitucionalidad, en lugar de proceder a la disolución de la Asamblea y convocar nuevas elecciones.

Son importantes asimismo otras reformas, como la limitación de mandatos o la introducción de listas abiertas, aunque entendemos que se podrían implantar más bien en la esfera legislativa, por no afectar a los pilares básicos del parlamentarismo autonómico.

Lo realmente paradójico es que en las primeras declaraciones políticas y los iniciales diagnósticos académicos no se haya puesto el énfasis en el incremento competencial; o dicho de otro modo, en un aumento efectivo de la capacidad de autogobierno. Se constata aquí un evidente contraste con los planteamientos que se están haciendo por la misma izquierda en Cataluña, motivada por una concepción menos federal y más nacionalista del Estado autonómico.

Por último, se insiste en la necesidad de que Andalucía tenga una mayor participación dentro del proceso de formación de la voluntad estatal en la Unión Europea. Nada que objetar a un propósito tan urgente como éste. El problema es que el método para alcanzarlo escapa -a mi entender- de una reforma estatutaria y entra, por el contrario, en otro ámbito jurídico-político como es el de la reforma constitucional.

Estamos de acuerdo, por tanto, con la conveniencia de adaptar las normas del Estatuto a una realidad autonómica inimaginable por sus redactores hace más de veinte años. Sin embargo, sería pertinente fijar lo antes posible ese proyecto, para evitar especulaciones o sospechas de que se trata de una simple estrategia política con fines meramente "cosméticos".

Gerardo Ruiz-Rico Ruiz es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén.