El PP retira los recursos contra el Gobierno por negar información

El Grupo Popular ha retirado siete de los ocho recursos presentados el pasado 16 de mayo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Gobierno andaluz, por el retraso acumulado en la contestación de bloques de preguntas y peticiones de información a distintas consejerías, una demora que, a jucio del PP, obstruye su labor de control y de oposición al Ejecutivo.

Los populares han decidido desistir de los recursos porque, según el secretario adjunto del grupo popular, el diputado por Sevilla Rafael Salas, el Gobierno ha contestado aunque "tarde y mal" a sus solicitudes de información "por lo que el objeto del recurso decae". El PP mantiene, sin embargo, una de las ocho demandas con preguntas que debe contestar la Consejería de Salud. Fuentes jurídicas afirmaron que "lo más probable" es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hubiera rechazado los recursos del PP "ya que no es normal que un tribunal controle a un legislativo".

Salas calificó de "vergonzoso" y "lamentable" que el Gobierno andaluz haya respondido a las preguntas "sólo cuando han visto que hemos ido en serio" y decidieron acudir a la vía judicial. Cuando el PP presentó los recursos al TSJA y éste los admitió, el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Sanz, no descartó acudir también al Tribunal Constitucional, un paso que no ha llegado dar.

Sanz anunció el pasado miércoles que denunciará ante el intérprete constitucional la decisión de la Mesa del Parlamento de no admitir a trámite una iniciativa del PP en la que se reprueba al presidente de los socialistas catalanes, Pascual Maragall, por asegurar que si gana las elecciones "no enviará ni una gota de agua del Ebro" a otras regiones.

Ocultar "escándalos"

Los ocho recursos presentados por otros tantos diputados del PP al TSJA reclamaban datos sobre publicidad institucional, subvenciones del Instituto de Fomento de Andalucía, reparaciones en la autovía A-92, catálogo de balsas mineras, planes de inversión de empresas públicas, listas de espera del SAS, inversiones en la red de atención primaria, trabajos de consultoría de la Consejería de Economía y recursos de las cajas de ahorro a la obra social.

Según el Reglamento del Parlamento, el Gobierno andaluz está obligado a responder en el plazo de 20 días a las preguntas escritas y en 30 a las solicitudes de información. El PP se decidió a presentar recursos judiciales contra el Gobierno autonómico después de sobrepasar con creces el tiempo de respuesta y, en algunos casos, de que no prosperasen las peticiones de amparo a la Mesa del Parlamento. La interpretación que en su día hizo Antonio Sanz fue que el Ejecutivo andaluz no contestaba con el fin de "ocultar escándalos" e impedir que el PP pudiera investigarlos.