¿Quién baja los impuestos?

Si se desarrollara en serio, con números y sin autocensuras, el debate sobre los impuestos en España debería alumbrar ideas en abundancia sobre el modelo fiscal que necesita la sociedad española. Hay razones de peso para suponer que la estructura tributaria española necesita una reforma en profundidad para atender el aumento del peso político de los ayuntamientos y, en general, de la pérdida de influencia de los gastos y requerimientos del Estado en la economía. Pero el cruce de tímidas estocadas y acusaciones a media voz generadas a raíz de la insólita osadía del nuevo alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de elevar los impuestos municipales en un 26% para el ejercicio 2004 no es precisamente un debate serio; ni siquiera es un debate. Se parece más a una representación teatral montada deprisa y corriendo para que los madrileños olviden cuanto antes que un partido cuyo lema principal es "nosotros bajamos los impuestos" se dedique a subirlos sin rubor en la ciudad más importante del país.

Parece lógico que el usuario no pague el coste total del transporte público; pero la subvención está menos justificada en el caso del agua o las basuras

El plan fiscal de Ruiz-Gallardón es impecable. El Ayuntamiento de Madrid sube los impuestos porque las fuentes de financiación de Madrid, como la de todos o casi todos los municipios españoles, son un desastre. Mientras las autonomías tienen un marco financiero estable -basado en la mendicidad periódica ante las puertas del Estado, pero estable al fin y al cabo-, los ayuntamientos carecen de recursos sostenidos de funcionamiento. Su única tabla de salvación, que a veces es un transatlántico, es el suelo público, con las consecuencias de corrupción y perturbaciones democráticas conocidas.

A cambio, se sospecha que la presión fiscal local en los municipios españoles es muy baja; aproximadamente tres veces inferior a la de los municipios franceses, por poner un ejemplo. No existe certeza de esa presión sencillamente porque el aparato estadístico nacional no parece capaz de calcular los PIB locales. Los municipios encuentran financiación a salto de mata, a golpe de recalificación de suelo -cuando disponen de él- y a costa de acrecentar el endeudamiento mediante trucos no demasiado ortodoxos. Citemos uno muy extendido, modelo GIF (Gestor de Infraestructuras Ferroviarias): como los ayuntamientos tienen agotada la capacidad de crédito, crean empresas municipales de servicios; estas empresas cumplen con el requisito áureo de que sus ingresos son superiores al 50% de los gastos de explotación; así, la deuda de estas empresas municipales no consolida con la deuda del Ayuntamiento en cuestión; un truco como otro cualquiera.

Todavía es posible agravar la situación de los municipios si además se sigue una política generalizada de subvencionar los servicios públicos hasta límites extravagantes. Parece lógico que el usuario no pague el total del coste del transporte público; pero los incentivos públicos están menos justificados en el caso del agua o de la recogida de basuras, por citar dos casos flagrantes de mercados en los que los ingresos están muy lejos de los costes reales.

Así que poco puede objetarse a la decisión fiscal de Ruiz-Gallardón, salvo la evidencia de que a nadie le gusta pagar más impuestos. Desde el Partido Popular (PP), las protestas semejan un monumento a la hipocresía. La supuesta reducción de impuestos procurada por el PP en siete años de Gobierno no deja de ser una etiqueta que no se corresponde con la realidad. Durante las dos últimas legislaturas se ha rebajado nominalmente el tipo del IRPF, pero a cambio han aumentado el resto de los impuestos. La presión fiscal que soportan los españoles ha subido tres puntos del PIB desde 1995; así que, si algo debe quedar claro en cualquier debate fiscal presente o futuro, es que los gobiernos del PP no han bajado los impuestos.

Ni siquiera está claro que hayan bajado realmente el IRPF. Cierto que han rebajado los tipos marginales del impuesto; pero como no han deflactado la tarifa para corregir el efecto de la inflación, resulta que los contribuyentes se han beneficiado poco de la rebaja. Véase un ejemplo, calculado en el libro Una alternativa fiscal para España. Supongamos el estrato del 10% de los contribuyentes con menos renta declarada. Dichos contribuyentes pagaban un tipo medio efectivo del 0,84% en 1998; bajó al 0,32% en 1999, por efecto de la reforma fiscal; pero a partir de 2000 el tipo medio efectivo empieza a subir, hasta que en 2002 se situó en el 1,01%. Para ese estrato de la población, la rebaja fiscal no ha existido.