La tregua social otorga a Bolivia una precaria calma

Un mes después del levantamiento popular, cuyo detonante fue el proyecto de exportación de gas natural, Bolivia ha vuelto a una precaria tranquilidad por la tregua pactada entre el nuevo presidente, Carlos Mesa, y las organizaciones sindicales y vecinales, aunque sacudida de tanto en tanto por las amenazas de huelga de distintos sectores laborales.

La tregua, que implica una permanente vigilancia por las juntas vecinales y sindicatos a la gestión gubernamental, ha dado un margen de acción a Mesa ante sus compromisos internacionales, como la Cumbre Iberoamericana, que se celebra la próxima semana en la ciudad de Santa Cruz. Lo único que se ha resuelto de la gravísima crisis política, social y económica es "la salida de Sánchez de Lozada [el anterior presidente, que renunció ante la presión popular], pues todo lo demás ha quedado pendiente e incluido en la agenda del nuevo Gobierno", según el politólogo Jorge Lazarte.

Las principales exigencias de la población son el referéndum sobre el futuro del gas natural -Bolivia posee 54,9 trillones de pies cúbicos en reservas-, las reformas a la Ley de Hidrocarburos y una Asamblea Constituyente que defina la nación en el contexto de la insurgencia indígena (más del 70% de la población). Mesa se enfrenta a la falta de recursos económicos y políticos, pues su Gobierno no cuenta con el apoyo de ningún partido, y paralelamente, afronta las exigencias de organismos empresariales locales y financieros internacionales, preocupados ante el deterioro de la economía.

El Gobiernoha solicitado a la comunidad internacional la donación o préstamos blandos de 98 millones de dólares para pagar sueldos. La deuda pública boliviana representa más del 100% de su Producto Interior Bruto (PIB), calculado en 8.200 millones de dólares para este año, y la deuda exterior es de algo más de 6.500 millones de dólares.