Los límites del Estado de bienestar
Con 83 y 86 años, mis suegros ya no están para vivir solos en su casa del pueblo, así que la mayor parte del año la pasan con nosotros.
Dados sus ingresos y su patrimonio, ni tienen obligación de presentar declaración de la renta ni suele merecerles la pena hacerlo. El pasado año no la realizaron, lo cual nos permitió incluirles, como ascendientes, en la declaración del IRPF de mi esposa, aplicando las correspondientes deducciones sobre su base imponible.
Pero, mira por donde, Hacienda nos acaba de remitir una paralela, indicando que la deducción practicada por el abuelo no procede, ya que en el año 2002 tuvo unos ingresos, por su pensión, de 6.398,14 euros (la pensión mínima), cuando el máximo para que hubiéramos podido deducirnos por él era de 6.190,80 euros.
Sorprendidos por el anuncio, pensamos enseguida que Hacienda se estaba equivocando: el régimen fiscal de los abuelos es el de gananciales, y la pensión son ingresos compartidos de los que viven los dos.
Pero no, la Administración tributaria nos aclara que los equivocados somos nosotros, ya que a efectos fiscales la pensión del abuelo es sólo del abuelo. Salvo, misterios de la vida, que presenten declaración conjunta propia.
Ante tal declaración implícita de situación de pobreza absoluta para la abuela corremos a solicitar para ella una pensión asistencial. Nueva sorpresa: para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, los ingresos por la pensión ya no son exclusivamente del abuelo, sino ingresos de la unidad familiar. Con la mala suerte añadida -nos persigue- de que si se superan los 6.396,73 euros el derecho a una pensión asistencial desaparece.
¿Cosa de brujas? No, lo que en realidad hemos descubierto son los límites reales de nuestro Estado de bienestar, de las cacareadas políticas de protección a nuestros mayores, de los beneficios de las reformas fiscales, del superávit en las cuentas públicas... y de las ventajas de vivir en esta España que, yendo tan bien, da para tan poco, al menos para algunos.
De rebote, sospecho que hemos descubierto también el origen de una parte no despreciable de las estadísticas sobre inspecciones y fraude fiscales.
Posdata: si alguien conoce una residencia digna, pública por razones obvias, donde a cambio de sus 6.398,14 euros anuales -no precisan guardarse nada para ellos, están acostumbrados a vivir sin vicios- acojan a mis suegros, que nos lo haga saber. Y que nadie se alarme: aun sin residencia y sin los 170 euros que Hacienda nos iba a devolver por el abuelo, seguiremos cuidando de los dos en nuestra casa.
Por último, si está usted en una situación similar y busca una pensión asistencial para la abuela, no pierda el tiempo intentando que al abuelo le reduzcan en dos euros el montante de la suya, porque no cuela: no puede ser más mínima.-
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