La juez imputa a Díaz Alperi y dos concejales del PP por el supuesto desfalco en Mercalicante

Cristina Costa, titular del Juzgado número 1 de Alicante, que instruye el supuesto desfalco descubierto en la empresa Mercalicante, ha dictado un auto por el que imputa al alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, del PP, a otros dos ediles más de ese partido y a dos directivos de la empresa estatal Mercasa, todos ellos integrantes de la comisión ejecutiva de Mercalicante, un supuesto delito continuado de apropiación indebida. Hasta ahora, el principal imputado por los hechos, a petición del fiscal, es Emilio Clavero, ex gerente de la firma agroalimentaria de capital público.

La imputación de los cinco miembros del máximo órgano de control de Mercalicante se deriva de la admisión por parte del juzgado de una querella presentada por el PSPV, según confirmaron ayer a EL PAÍS fuentes oficiales de la oficina judicial que instruye las diligencias.

El auto de la magistrada será comunicado hoy a las diferentes partes. "Jurídicamente la admisión de la querella supone la imputación de los querellados, que se mantendrá si un hipotético recurso de apelación a la Audiencia no la revoca", subrayaron las mentadas fuentes.

Inicialmente, el juzgado acordó admitir parcialmente la querella del PSPV presentada a finales del pasado mes de febrero y acumularla a la acusación popular que ya ejercía un representante del movimiento vecinal de Alicante. Este extremo frustraba una personación directa de los socialistas en el caso. En aquel auto, la juez ya advirtió de que admitía la denuncia por entender que "había indicios delictivos" en los denunciados. El Ayuntamiento de Alicante y Mercalicante presentaron un recurso de reforma contra el auto de la magistrada. La juez se ha ratificado ahora en su primera decisión y ha rechazado el recurso.

En su querella, los socialistas solicitaban la extensión de la responsabilidad penal por un supuesto delito de apropiación indebida y/o societario a los cinco miembros de la comisión ejecutiva de Mercalicante cuando ocurrieron los hechos, es decir, el alcalde; el actual concejal de Comercio, Juan Zaragoza, del PP; y el también ex edil del PP José María Rodríguez Galant, y los dos representantes de Mercasa.El PSPV mantiene que la actuación supuestamente delictiva del alcalde y demás integrantes de la comisión ejecutiva reside en la distracción de seis millones de euros, cantidad dimanante de certificaciones de obra excesiva y préstamos para ejecutar el plan de expansión de Mercalicante.

Hasta ahora, el juzgado ha imputado, como principal responsable del supuesto desfalco, al ex gerente de la empresa, José Emilio Clavero. Éste fue despedido por el consejo de administración a finales de junio de 2002. En octubre de ese mismo año fue arrestado por orden del fiscal, que le imputó un supuesto delito de apropiación indebida. En las diligencias, también han prestado declaración, en calidad de imputados, el jefe de contabilidad de Mercalicante, Miguel Ángel Ramos, a petición de la acusación popular, y dos representantes legales de sendas mercantiles en las que supuestamente se apoyó José Emilio Clavero para cometer el desfalco, a petición del Ayuntamiento y la empresa Mercalicante.

El alcalde declinó ayer hacer comentarios sobre la resolución de la magistrada. Díaz Alperi admitió que "oficiosamente" tenía conocimiento de dos nuevas resoluciones del juzgado, en referencia al auto sobre la querella del PSPV y un segundo, en este caso a raíz de un recurso de Mercalicante y el Ayuntamiento, que amplía la imputación a una tercera empresa supuestamente implicada en la trama. "Oficialmente, no conozco ninguna de las nuevas resoluciones", comentó Alperi. El alcalde no dio demasiada trascendencia al hecho de que finalmente la juez haya admitido la querella del PSPV. "No sería una novedad, ya que supondría ratificarse en su actos, que apelaremos a la Audiencia", agregó.