Los juicios rápidos impiden que declaren los 16 imputados por el encierro en la Pablo de Olavide

El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia de Sevilla no pudo tomar ayer declaración a los 16 miembros de la Red de Apoyo a los inmigrantes que se encerraron en junio de 2002 en la Universidad Pablo de Olavide. Sus comparecencias se aplazaron hasta el 26 de noviembre por coincidir con la celebración de los juicios rápidos de faltas. El caso se ha reabierto, según informó Efe, por la denuncia de varios inmigrantes que aseguran que la Red de Apoyo les quitó sus pasaportes para evitar que pudiesen abandonar el encierro.

La suspensión de las declaraciones causó incertidumbre fuera de los juzgados, donde varios compañeros de los imputados se concentraron en solidaridad con ellos. Desconocían el motivo de los requerimientos, aunque algunos apuntaron hacia presuntos delitos de coacción por retener los pasaportes de inmigrantes que querían abandonar el encierro.

Los abogados de los 16 imputados tampoco sabían el motivo de las comparecencias ante el juez. "Hasta la semana que viene no sabremos nada, espero que nos den las copias de las diligencias rápido para buscar la mejor defensa. Supongo que reflejarán coacciones y derechos contra los trabajadores, aunque de momento nada es seguro. Lo único que sabemos es que el próximo día 26 tenemos que volver" señaló Luis de Los Santos, uno de los dos abogados del caso.

La Red de Apoyo a los inmigrantes nació cuando un grupo de 350 indocumentados llegados de las comarcas freseras de Huelva se encerró en las instalaciones de la Universidad Pablo de Olavide, el 10 de junio de 2002, para protestar por su situación. El número se fue reduciendo hasta que la policía expulsó el 9 de agosto a los dos centenares que permanecían en la sede de la Universidad.

Varios de los miembros de la Red de Apoyo ya habían sido llamados a declarar en una ocasión por la comisión gestora de la universidad sevillana, que presentó una denuncia contra personas del colectivo.

Esta actuación fue archivada, pero algunos inmigrantes emprendieron acciones legales contra miembros de la Red de Apoyo porque aseguran que les quitaron sus pasaportes para evitar que pudiesen abandonar el encierro.

Los representantes de la Red de Apoyo aseguraron que la denuncia "no tiene ninguna consistencia porque el encierro fue iniciativa de los inmigrantes en la lucha por sus derechos".

Los compañeros de los imputados leyeron un manifiesto en las puertas de los juzgados contra la Ley de Extranjería, a la que consideran "la base jurídica que legitima la exclusión, la represión y la explotación de este amplio sector de la población. Ante la falta de diálogo del Gobierno, se convierte a la Red de Apoyo en chivo expiatorio para terminar con cualquier movilización".

Entre los imputados, según fuentes judiciales citadas por Efe, se encuentran jóvenes españoles y Decio Machado, portavoz de la asociación de trabajadores inmigrantes ODITE que lideró el encierro de la Olavide y los llevados a cabo días antes en iglesias de Huelva.