El Gobierno quiere que las empresas paguen todo el coste de las prejubilaciones

Las empresas pagarán todo el coste de las prejubilaciones, hasta que el trabajador cumpla 65 años, si el PP gana las elecciones generales de marzo próximo. El ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, y el presidente de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Jesús Merino, aseguraron ayer que propondrán a los agentes sociales un cambio legal, porque "no se puede aceptar que el presupuesto público o las políticas de protección social sirvan para que las empresas enderecen sus cuentas de resultados".

El VII Seminario Hispano-Británico celebrado este lunes y martes en Valencia, con la participación de Polonia, ha servido de foro para debatir políticas para reforzar la capacidad de crear puestos de trabajo y lograr el compromiso del pleno empleo para 2010, para fomentar la formación y para impulsar también como instrumento contra la inactividad el poner freno a las jubilaciones anticipadas.

Allí, el ministro de Trabajo ha asegurado que "las empresas deben ser muy conscientes de que no se puede abusar de los presupuestos públicos para decisiones estratégicas". Zaplana precisó que "hasta ahora hemos tomado unas decisiones que habrá que corregir en el futuro". La voluntad del PP es abrir un diálogo social para aplicar una reforma legal que haga recaer en las empresas el coste total de las prejubilaciones.

Pacto de Toledo

Merino concretó la recomendación de todos los partidos consistente en poner freno a ese mecanismo utilizado para el ajuste de plantillas. Se trata de modificar la aplicación actual de prejubilaciones para trabajadores de más de 50 años, trasladando costes primero al Inem (al seguro de desempleo) y luego a la Seguridad Social (a la jubilación anticipada a partir de los 60 años), mientras que las empresas se limitan a complementar los ingresos de esos trabajadores.

El PP quiere que todos esos costes recaigan en las empresas, que no se aprueben expedientes de regulación de empleo masivos a costa de la Seguridad Social, y que sólo se permita ir a la jubilación anticipada costeada por el sistema público cuando haya una decisión voluntaria del trabajador. Es decir, que las empresas paguen todos los gastos que supongan la retirada obligatoria desde que el afectado deja la empresa prejubilado hasta que cumpla los 65 años.

Además de los mecanismos para corregir los efectos del envejecimiento demográfico, los gobiernos español y británico defienden políticas para reforzar la capacidad de crear empleo. La propuesta más oída en los debates es "avanzar en la flexibilidad del mercado laboral". También es la apuesta de Zaplana y de su colega del Reino Unido, Andrew Smith, para quien es importante que la UE prosiga en "la flexibilidad que necesitamos y la seguridad que tenemos".