Una oleada de secuestros desata el pánico entre la población de Buenos Aires

La inseguridad azota de nuevo a la provincia de Buenos Aires y todas las miradas apuntan una vez más a la Bonaerense, la desprestigiada policía provincial y el cuerpo armado más poderoso de Argentina (47.000 hombres). Las cifras difundidas por la dirección de estadísticas de la fiscalía hablan por sí solas: 207 secuestros denunciados en el Gran Buenos Aires en el primer semestre de 2003, el 95% de los 225 registrados en Argentina. El presidente, Néstor Kirchner, afirmó que "en la mayoría de los secuestros extorsivos hay involucrados efectivos de la policía bonaerense", y pidió "menos discursos y más acción". "La policía bonaerense debe tener una profunda depuración", advirtió el mandatario.

El viernes pasado, miles de residentes de la capital y de la provincia de Buenos Aires hicieron sonar bocinas y cacerolas en la primera protesta de estas características bajo el Gobierno de Kirchner. El cacerolazo para pedir más seguridad recordaba las movilizaciones que contribuyeron a la caída del Gobierno de Fernando de la Rúa, en diciembre de 2001. La protesta fue convocada de forma espontánea por Internet y fue la gota que colmó la paciencia de muchos argentinos, después de que los raptores de Pablo Belluscio, un estudiante de 24 años secuestrado desde el 22 de septiembre, enviaran un dedo de la víctima a la familia con la amenaza de ir más allá si no obtienen un rescate de 300.000 dólares. Los captores enviaron una cinta de vídeo en la que grabaron la mutilación.

Ante el cariz de los acontecimientos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, y su ministro de Seguridad, Juan José Álvarez, presentaron ayer un plan que prevé el despliegue en el cinturón de la capital de 3.300 policías, que se añadirán a los 2.500 que ya patrullaban en el Gran Buenos Aires, cuyo mapa se ha cuadriculado en sectores para mejorar la eficacia de la vigilancia de otros 1.000 coches patrulla.

La ola de secuestros está provocando una auténtica paranoia entre los residentes de los barrios acomodados, aunque también hay víctimas de zonas más modestas. El 90% de las veces se produce el secuestro-exprés, de pocas horas de duración y en el que los delincuentes no piden un rescate desorbitado. Muchos de estos casos no llegan a ser denunciados. El 10% restante, los secuestros extorsivos, son cometidos por bandas con recursos suficientes para ocultar a la víctima, que exigen cuantiosas sumas. Varias familias de famosos han sido objeto de estos secuestros, como el hermano del futbolista Juan Román Riquelme.

A la hora de pedir responsabilidades, las autoridades se pasan la pelota. Si Kirchner criticó sin mencionarlo al gobernador Felipe Solá (ambos peronistas), el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, ha vinculado a la policía con las bandas de delincuentes, tanto por su organización como por sus métodos. El ministro aludió al secuestro de Mirta Fernández, 32 años, hija de un empresario, liberada el 16 de septiembre tras sufrir la amputación de un dedo. Entre los secuestradores detenidos había un suboficial retirado de la policía federal.