El fiscal pide casi 12 años de cárcel por una acción de Greenpeace contra la guerra de Irak

El fiscal ha pedido penas que suman casi doce años de cárcel para cinco miembros de la organización ecologista Greenpeace que el pasado 14 de marzo, a bordo del buque Rainbow Warrior, se manifestaron ante la base naval de Rota (Cádiz) contra la guerra de Irak, obstaculizando la salida de buques estadounidenses cargados de material militar hacia la zona de conflicto. De prosperar la petición fiscal, que les imputa los delitos de desobediencia, resistencia y lesiones, los ecologistas, tres extranjeros y dos españoles, pasarán entre nueve meses y cinco años en prisión.

La defensa alega que el 'Rainbow Warrior' expresó el sentir de la mayoría de los españoles

El escrito q ue el fiscal Julián Sánchez Escribano ha dirigido al Juzgado de Instrucción número 1 de Rota (Cádiz) asegura que el Rainbow Warrior (Guerrero del Arcoiris), buque insignia de Greenpeace, de pabellón holandés, se dirigió a las 9 horas del pasado 14 de marzo hacia la bocana del puerto "con el fin de entorpecer en cuanto pudiese la participación de las fuerzas concentradas en dicha base naval" en el conflicto de Irak. Paralelamente, cuatro lanchas neumáticas de la organización ecologista navegaron hacia las barreras de protección que impiden la entrada a las instalaciones militares con el objetivo de desplegar pancartas en contra de la guerra.

Según el fiscal, el Rainbow Warrior fondeó en la zona de seguridad de la base, "donde se encuentra absolutamente prohibido realizar tal maniobra, dado que entorpece la entrada y salida de los buques", mientras que las lanchas neumáticas realizaron maniobras evasivas y desatendieron las órdenes que les dieron los miembros de la Guardia Civil que vigilaban la zona para que se alejaran.

El buque ecologista permaneció fondeado a la entrada de la base naval hasta las 23.30 horas de ese día, cuando efectivos de la Guardia Civil, que lo habían abordado a media tarde, procedieron a cortar la cadena del ancla y a remorcarlo con apoyo de dos barcos de la Armada hasta el puerto de Cádiz, a donde llegaron a las 0.45 horas del día siguiente.

El ministerio público acusa al capitán del barco de haberse negado a levar anclas y alejarse de la zona y a la tripulación de haber presentado resistencia pasiva a detención. En concreto, según el relato de la Fiscalía, los ecologistas se encerraron en el puente de mando del buque, por lo que, "con una maza, se procedió a fracturar uno de los cristales de la puerta y, así, pudo abrírsela".

A continuación, agrega el escrito de la acusación, los tripulantes se introdujeron en el compartimento interior del barco, "cerrando de nuevo la escotilla". Al cerrarla, asegura, lo hicieron con tanta fuerza que presionaron a dos agentes, quienes sufrieron lesiones de las que tardaron entre 14 y 20 días en recuperarse, sin secuelas.

Estos hechos, según el ministerio público, son constitutivos de sendos delitos de desobediencia, resistencia grave y lesiones. Por ello, solicita penas que totalizan cuatro años de cárcel para Daniel Humberto Rizzoti, italiano, capitán del Rainbow Warrior; tres años para Carlos Bravo Villa y Philip Walter Lloyd, neozelandés; y nueve meses para María Teresa Ambrós Mendior y Lawrence Martín Turk, estadounidense.

Además, pide que se inhabilite a los acusados para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y se les obligue a pagar las costas del proceso judicial y los gastos originados por el remolque del Rainbow Warrior.

Por su parte, José Manuel Marraco, defensor de dos de los ecologistas, ha pedido su libre absolución, argumentando que "si bien es cierta la existencia de diversos navíos estadounidenses cuyo presunto destino sería el conflicto bélico de Irak [...] la embarcación Rainbow Warrior se encontraba fondeada en las proximidades de dicha base militar para mostrar su desacuerdo, al igual que llevaron a cabo cientos de miles de ciudadanos a lo largo de España, haciendo uso de su legítimo derecho fundamental a expresar su opinión contraria a la intervención de España en el referido conflicto bélico".

La defensa rechaza también que los ecologistas agredieran a los agentes y argumenta que si alguno resultó lesionado "en todo caso sería fruto de su conducta y no de la realizada por las personas que se encontraban en dicha embarcación".

En consecuencia, reclama la absolución de los acusados y la devolución de los 3.000 euros que los ecologistas tuvieron que abonar. De cara el juicio a celebrar en el juzgado de lo Penal de Cádiz, para el que aún no hay fecha, la defensa pide que declaren como testigos cuatro personas, casi todas vinculadas a Greenpeace, mientras que el fiscal llama a otras siete, en su mayoría guardias civiles.

La base de Rota fue utilizada profusamente durante la guerra por buques de EE UU en tránsito hacia el Golfo Pérsico. La protesta ecologista coincidió con la escala del carguero Cape Horn, que trasladaba abundante material militar.

El actual Rainbow Warrior es el segundo barco con este nombre que tiene Greenpeace. El primer buque insignia de la organización ecologista fue hundido el 10 de julio de 1985 por los servicios secretos franceses, autores del atentado que costó la vida al fotógrafo portugués Fernando Pereira, cuando participaba en una campaña contra las pruebas nucleares en el atolón de Mururoa.