Los familiares del Yak-42 denuncian a Defensa por desentenderse de sus tropas

La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42, que agrupa a los parientes de 42 de los 62 militares españoles muertos el pasado 26 de mayo en Turquía, presentó ayer una denuncia ante la Audiencia Nacional en la que acusa a "los máximos responsables del Ministerio de Defensa" de haber incurrido en una dejación delictiva de sus obligaciones, al "obviar los más elementales controles e inspecciones tanto en la preparación del contrato [de alquiler del Yakovlev en el que volvían de Afganistán] como en la supervisión de la aeronave".

Eudald Vendrell, abogado de las familias, aseguró que en el accidente "no sólo intervinieron elementos fortuitos", sino también un "cúmulo de irregularidades" que convirtieron el traslado de los militares en un "vuelo de altísimo riesgo".

En concreto, aludió a la "falta absoluta" de los más elementales mecanismos de control y supervisión que el departamento de Defensa estaba obligado a aplicar para garantizar la seguridad de las tropas.

La denuncia alude a la "responsabilidad culposa o imprudente" de "los máximos responsables del Ministerio de Defensa", a los que no identifica, a la espera de que la investigación judicial determine qué personas incurrieron en una dejación negligente de sus obligaciones.

El Yakovlev era operado por la compañía ucrania UM Air, pero ésta no fue en realidad sino el último eslabón de una "cadena de subcontrataciones" que incluyó también a la agencia NAMSA de la OTAN, el intermediario Chapman Freebor y la aerolínea rusa Volga & Dnieper. "Cada vez que se daba un paso", explicó el abogado, "se relajaban los controles, hasta el punto de que al final ni siquiera se comprobó que los viajeros carecían del seguro de vida obligatorio por contrato".

La denuncia de los familiares contra el Ministerio de Defensa se fundamenta en el artículo 11 del Código Penal, que considera responsables por omisión, en este caso de un delito de negligencia imprudente con resultado de muerte, a aquellas personas que, teniendo la obligación legal o contractual de actuar, no lo hagan y provoquen una situación de riesgo.

En el caso de que la investigación alcanzara al ministro Federico Trillo-Figueroa, ésta debería trasladarse al Supremo por su condición de aforado.

"Presión psicológica"

Los representantes de las familias aseguraron que han decidido pedir "el auxilio de la Justicia para esclarecer los hechos" ante la falta de colaboración y transparencia del Ministerio de Defensa y ante la reiterada negativa del Partido Popular a que se cree una comisión de investigación en el Congreso.

Carlos Ripollés, presidente de la asociación y hermano de un comandante fallecido, aseguró que, en sus reuniones con altos cargos de Defensa, sólo había recibido "buenas palabras y mucha presión psicológica para que la asociación fuera contra las aseguradoras y se olvidase de la investigación"

"No pedimos limosnas, lo que queremos es conocer la verdad", agregó Ripollés, en respuesta al presidente José María Aznar, quien la semana pasada esgrimió en el pleno del Congreso el dinero pagado a las familias de las víctimas. "Lo que van a cobrar es lo que legítimamente les corresponde. Ni un euro más", agregó el abogado.

La denuncia ha correspondido por turno al Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional cuya titular, Teresa Palacios (conocida por la instrucción del caso Gescartera, entre otros) , deberá decidir en los próximos días si la admite a trámite, una vez que el fiscal se pronuncie sobre su competencia.

En opinión de los denunciantes, el accidente de Trabzon (Turquía) fue el desenlace de un proceso plagado de irregularidades desde su inicio. La propia contratación del avión, argumentan, fue ilegal, pues no se cumplieron los requisitos de la legislación sobre contratos públicos. De haberlo hecho, según la denuncia, "los mecanismos de inspección que habitualmente se establecen para la contratación administrativa más elemental hubieran permitido conocer y, en su caso, subsanar" las deficiencias de las que tuvo conocimiento Defensa a través de las quejas de varios mandos militares.

En su lugar, se produjo un "absoluto desinterés, equivalente a negligencia", que llevó a que el transporte de las tropas se hiciera "en una situación de precariedad y falta de garantías absoluta generadora, en definitiva, del fatal desenlace".

Múltiples irregularidades

Entre otras irregularidades, la denuncia alude al no funcionamiento de la caja negra VCR, que debía grabar las conversaciones en la cabina; al hecho de que la tripulación hubiera sobrepasado en el momento del siniestro el tiempo máximo de actividad permitido; a la falta de carburante suficiente; a la presencia de alcohol en la sangre de un copiloto y una azafata; a la posible existencia en el avión de equipos militares con componentes radiactivos que pudieran afectar a los sistemas de navegación; a la inclusión entre la carga de armamento y munición; o a las dudas sobre el método de identificación de los cadáveres.

Para aclarar todas estas circunstancias, la denuncia pide que se reclame documentación sobre este caso al Ministerio de Defensa, a la agencia NAMSA, a la comisión internacional de investigación y al juzgado turco que instruye el sumario. Igualmente, reclama que se tome declaración, en calidad de imputados, a las personas que contrataron y autorizaron el vuelo y, como testigos, a los representantes de las empresas implicadas, entre otros.