La Diócesis de Alicante denuncia el abandono de los desfavorecidos

La Delegación Diocesana de lo Social y Caritativa de la Diócesis Orihuela-Alicante denunció ayer la situación "de abandono y precariedad" de los colectivos más desfavorecidos de Alicante. Esta denuncia esta recogida en un informe de este departamento del Obispado sobre la Oficina de Extranjería, la vivienda en precario, la siniestralidad laboral e instituciones penitenciarias. En todos los casos, el estudio concluye que los colectivos más desfavorecidos, y especialmente los inmigrantes, son los que sufren las consecuencias más negativas. El obispado considera "insuficientes" los recursos que la Administración destina para solucionar esta situación.

El informe fue elaborado entre 2002 y verano de 2003. Unos de los ponentes, el delegado de Acción Social y Caritativa, Lucio Arnaiz, indicó que éste revela una serie de carencias que afectan a la población con menos recursos, como familias que se encuentran en viviendas precarias. En total, según el informe, en la ciudad siguen existiendo 44 viviendas en situación precaria repartidas entre Montoto, aledaños del estadio Rico Pérez, el Cementerio, la Finca Basser y San Antón. Para la delegación diocesana esta situación "no tiene explicación", puesto que el Ayuntamiento aprobó en 2001 un Plan Municipal de Intervención y Erradicación de la Vivienda Precaria para el periodo 2001-2003 que ya podría haber concluido.

Por lo que se refiere a la inmigración, el informe subraya varios aspectos relacionados con este colectivo, aunque la conclusión principal es que la presencia de personas de otros países aumenta y "los medios que la Administración pone al servicio de estas personas son rácanos y claramente insuficientes".

Extranjería

El estudio hace hincapié en la "lamentable" situación de la Oficina de Extranjeros de Alicante, donde hay "escasez de medios materiales" y los trabajadores "realizan su trabajo en condiciones penosas y llenas de dificultades por la evidente falta de recursos". Además, el informe apunta que como consecuencia de esta situación hay retrasos en la tramitación de los documentos, falta de criterio en la admisión de los mismos, al tiempo que resalta que "no hay voluntad política de mejorar la situación".

Por otra parte, el informe también se hace eco de la no contabilización de los accidentes laborales de inmigrantes en situación ilegal en España. En este sentido, resalta que no hay estadísticas oficiales específicas que relacionen siniestralidad laboral e inmigración. Sin embargo, según los datos facilitados por los sindicatos UGT y CCOO, durante el año 2002 en la provincia de Alicante un 11% de las personas que fallecieron en accidentes laborales fueron inmigrantes.

Por último, el estudio analiza la situación de los presos y concluye que las mofidiacioens de la ley "siempre afectan a los más pobres".