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Turismo justifica la nueva normativa de hoteles para regular el aumento desmedido de la oferta

El alcalde de Torremolinos cree que el decreto puede provocar desvío de turistas

El debate que en el sector turístico andaluz ha provocado el decreto de hoteles que tramita la Junta, fue uno de los ejes que centró ayer la primera sesión de las jornadas de reflexión sobre el turismo organziadas por la Confederación de Empresarios (CEA). En la apertura del encuentro, el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, aseguró que la normativa puede provocar el devío de turistas, mientras que la Junta la justificó en el sobredimensionamiento de la oferta. El secretario de estado de Turismo anunció un plan para reconvertir los municipios turísticos pioneros.

A lo largo del debate se evidenció la disparidad de criterios que, de hecho, ha impedido que la Mesa del Turismo de Andalucía apruebe definitivamente el decreto cuando existía un consenso inicial. El principal motivo de polémica está centrado en como cuantificar los requisitos de superficie mínima para las distintas categorías de hoteles, especialmente los de playa.

El alcalde de Torremolinos aseguró que la Costa del Sol "no está saturada" y que no caben medidas que en su opinión son "moratorias encubiertas". Fernández Montes alertó del riesgo de una pérdida de competitividad porque "si no se construyen nuevos hoteles "se podrá derivar el turismo de la Costa del Sol a otros lugares de España que sí van a poder construir todo lo que quieran". Apeló también a la autonomía municipal, dijo que son los ayuntamientos quienes deben decidir "que es lo mejor para sus municipios", y reclamó a la administración autonómica que cuente más con la opinión de los ayuntamientos a la hora de elaborar leyes. El secretario general técnico de la Consejería de Turismo, Rafael Rodríguez de León, justificó medidas como el decreto de hoteles en la necesidad de intervenir para regular un desfase en la evolución entre la oferta y la demanda detectado en los últimos cinco años. "Nos causa preocupación", reconoció, y recordó que en situaciones similares producidas en Baleares o Canarias, las respectivas administraciones autonómicas han respondido con medidas similares a las contenidas en el decreto andaluz. Aseguró que sólo se persigue una mejora de la calidad y que la Consejería de Turismo no pretende establecer ningún tipo de regulación urbanística ni cercenar la libertad de empresa, como sostiene Fernández Montes.

El presidente de la cadena Hoteles Playa, José María Rossell, aseguró que uno de los principales problemas del sector en Andalucía es la "sobreoferta" y recordó que en los últimos años ha descendido también la estancia media de los turistas.

Rossell advirtió de que "cada vez será más difícil crecer en el número de visitantes que necesitamos". Para el empresario catalán afincado en Almería es necesario compatibilizar la libertad de empresa con la conciencia de que un aumento de la oferta empeorará la situación, y dijo que la alternativa de competitividad pasa por mejorar la calidad de los servicios.

El secretario general de Turismo, Germán Porras, anunció un plan del Gobierno para recualificar zonas turísticas que se desarrollaron en los años 60 "con criterios que no corresponden con las exigencias de la demanda actual".

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