Izquierdistas israelíes y palestinos moderados tratan de resucitar el proceso de paz

Una vez que varios dirigentes de la izquierda israelí y otros tantos líderes moderados palestinos se dieron cuenta de que la segunda Intifada -que se desató tras la visita de Ariel Sharon a la Explanada de las Mezquitas en septiembre de 2000- se les estaba yendo de las manos a sus respectivos Gobiernos, crearon una plataforma para impulsar las negociaciones, aun cuando continuaba la espiral de violencia. A pesar de que los resultados de este diálogo no sean vinculantes, la coalición israelo-palestina por la paz nació con el objetivo de demostrar a ambas sociedades que es posible lograr un modelo de coexistencia. El resultado se ha plasmado en los llamados Acuerdos de Ginebra.

Tras más de dos años y medio de reuniones, sus portavoces -el que fuera ministro de Justicia del último Ejecutivo laborista, Yosi Beilin, y el que durante varios años ejerciera como titular de Información de la Autoridad Palestina, Yasir Abed Rabbo- presentaban recientemente los Acuerdos de Ginebra, dando pie a un importante debate a nivel mediático y social. Partiendo de los parámetros de paz que a finales de 2000 propuso el ex presidente de EE UU Bill Clinton, este documento plantea hipótesis de solución que también se barajaron durante las fallidas rondas negociadoras de Camp David (julio de 2000) y Taba (enero de 2001).

Los Acuerdos de Ginebra, llamados así por el apoyo financiero prestado para su gestación por el Ministerio de Exteriores de Suiza, pretenden diseñar el estatuto definitivo. Para ello, adelantan estas propuestas, para las que desean el máximo consenso:

- Estado palestino. El Estado de Palestina sería un ente independiente y democrático, miembro pleno de la ONU, que aceptaría motu proprio tener un carácter desmilitarizado. Además de comprometerse a combatir el terrorismo, desmantelaría las milicias irregulares y dispondría de unas fuerzas de seguridad con un mando único. Estas fuerzas no contarían con armamento pesado.

- Fronteras. La demarcación de las fronteras definitivas se haría según las resoluciones 242 y 338 de la ONU, es decir, tomando como referencia las líneas previas anteriores a la guerra de junio de 1967. No obstante, se harían modificaciones que permitirían a Israel anexionarse los principales bloques de asentamientos. En reciprocidad, Israel ofrecería a Palestina una permuta de terrenos de similar extensión.

- Asentamientos. Israel evacuaría todas las colonias en la franja de Gaza y un importante número de asentamientos en Cisjordania, que no serían destruidos (como ocurrió en el Sinaí tras el tratado de paz con Egipto), sino que se transferirían a Palestina. Ésta disfrutaría de cierta contigüidad territorial al crearse un corredor entre Cisjordania y Gaza, que permanecería bajo soberanía y control de seguridad israelí, aunque administrado por Palestina.

- Refugiados. Palestina renunciaría al derecho del retorno de los refugiados que le otorga la resolución 194 de la ONU. Los más de tres millones y medio de refugiados que hoy podrían acogerse al derecho al retorno al nuevo Estado, que no a sus lugares de origen en lo que hoy es Israel, o bien quedarse en los países donde residen, recibiendo una compensación económica por determinar.

- Jerusalén. Jerusalén sería dividida interinamente, aunque con la vocación de reunificarla cuando las partes lo consideraran posible, pasando a ser la capital compartida de ambos Estados. Israel estaría también dispuesto a dividir la ciudad vieja, manteniendo los barrios judío y armenio, y transfiriendo los barrios musulmán y cristiano. Se reconocería la soberanía palestina sobre la Explanada de las Mezquitas y se mantendría la soberanía israelí sobre el subsuelo de ésta y el Muro de las Lamentaciones.

- Aplicación y verificación. A diferencia de los Acuerdos de Oslo, se crearía un sistema para su implementación que tendría participación internacional. Los miembros del Cuarteto (EE UU, la UE, Rusia y la ONU) y otros actores regionales elegidos por ambas partes formarían una comisión trilateral que junto a los Gobiernos israelí y palestino verificarían su aplicación.