Exteriores advierte a un juez de que EE UU podría adoptar "contramedidas" por embargar una cuenta
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha dirigido un escrito al Juzgado número 1 de Rota (Cádiz) en el que le advierte de que la ejecución del embargo de una cuenta corriente propiedad de la Navy en la sucursal del Banco de Andalucía de dicha localidad "podría acarrear la responsabilidad de España en el ámbito internacional y, eventualmente, la adopción de contramedidas por parte de EE UU en el caso de que dicho país entendiera que con ello España incurriera en un incumplimiento de una norma internacional, con efectos negativos para EE UU".
El escrito del departamento que dirige Ana Palacio reproduce una nota verbal que la Embajada de Estados Unidos en Madrid le remitió el pasado 22 de julio, "para solicitar la ayuda del Ministerio para asegurar que el juzgado cumpla con las obligaciones de España bajo el derecho internacional y rescinda su orden de embargo" por un importe total de 1.055.299 euros, propiedad del Mando del Servicio de Economatos de la Marina.
El embargo deriva de una sentencia firme dictada por el citado juzgado, que condenó a EE UU por el incumplimiento de un convenio suscrito en 1994 con la empresa malagueña Montasa para la ejecución de mejoras de canalizaciones y la sustitución de un colector en la base naval de Rota (Cádiz). La Marina estadounidense se negó a abonar la diferencia entre el importe pactado y el definitivo, a pesar de que el sobrecoste se debió a mejoras sobre el plan inicial reclamadas por ella misma. El fallo adquirió carácter de firmeza en 1999, pero no fue ejecutado hasta el pasado 19 de mayo, cuando el juzgado ordenó el embargo de la cuenta.
La Administración estadounidense, que no recurrió la sentencia ni se personó siquiera en el proceso, reclamó el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, con el argumento de que el dinero depositado en la cuenta -con el que se paga a los trabajadores y suministradores del economato de la base- tiene como objetivo "mantener la preparación y la moral del personal militar de EE UU", por lo que su incautación "representa un grave obstáculo para el funcionamiento ordenado de las Fuerzas de los Estados Unidos en la Base Naval de Rota". La Embajada concluye que estos fondos "no pueden ser incautados lícitamente para satisfacer una sentencia en materia civil".
El Ministerio de Asuntos Exteriores reconoce que ni el Convenio de Defensa con Estados Unidos ni el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas de la OTAN regulan esta materia, pero se remite al "Proyecto de Artículos sobre inmunidades jurisdiccionales", elaborado en febrero pasado por un comité especial de la ONU, para dar la razón a EE UU, sin perjuicio de instarle a que "cumpla con las decisiones" judiciales y "satisfaga la cantidad adeudada a la empresa española".
Enrique Sierra, abogado de la firma malagueña, calificó ayer de "escandalosa" la posición del Gobierno español, ya que se basa en una normativa internacional que no existe. "Se trata", argumentó, de un proyecto que está en estudio en Naciones Unidas, que no ha sido aprobado por la Asamblea General ni aceptado por las Cortes españolas y que, por tanto, no tiene validez jurídica alguna".
