La Constitución prospectiva

Arrancan estos días los fastos conmemorativos de la promulgación de la Constitución de 1978. A pesar de excesos previsibles que pueden rozar la ridiculez -RNE anuncia, por ejemplo, programas dedicados a la Constitución y la música-, la celebración está justificada. La Constitución actual supuso un paso decisivo en la recuperación de nuestros derechos como ciudadanos y homologó nuestro sistema político con los sistemas democráticos europeos, de los que nos habían separado el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista. La reciente declaración de Gredos -suscrita por los ponentes constitucionales- ha subrayado el justo valor de este paso y del camino recorrido, un camino iniciado en circunstancias tan complicadas como fueron las de los primeros años de la transición.

Pero convertir la celebración de este aniversario en una cruzada desmesurada en favor del inmovilismo constitucional es una contradicción y un riesgo. Y el riesgo de una cruzada de este tipo está ahí. Basta escuchar las voces del partido del Gobierno. A las que se sumó, por ejemplo, la del presidente del Tribunal Supremo en la apertura del Año Judicial. A modo de nuevo alcalde de Móstoles levantándose contra la amenaza extranjera, el presidente del alto tribunal lanzó una solemne y ardorosa llamada a la movilización contra los reformadores. Combinando, por cierto, esta épica y apasionada convocatoria a la defensa de la Constitución con una más prosaica reivindicación de tono sindical para conseguir un aumento salarial que se añada a recientes y sustanciosos incrementos retributivos.

Por fortuna, una auténtica cultura constitucional (Häberle) no se extraña ni se escandaliza de que haya quienes promuevan modificaciones del código político fundamental si se ajustan a los procesos de interpretación y reforma que dicho código contiene. Así lo señalaron también los ponentes constitucionales en la citada declaración de Gredos cuando no descartaron la posibilidad de una reforma constitucional en condiciones legales y políticas que puedan darle viabilidad.

Y así lo expresó igualmente y de manera pública el profesor Fraga Iribarne, presidente de la Junta de Galicia y -entre otros méritos- presidente de honor del Partido Popular. A diferencia de la línea oficial adoptada por el Gobierno de Aznar, manifestaba Fraga Iribarne que no debe cerrarse la puerta a una reforma constitucional planteada en términos acotados, con base política suficiente y de acuerdo con las mismas previsiones constitucionales.

Fraga parece haber asumido lo esencial de la cultura constitucional como han hecho tantos ciudadanos de este país. Con ello se distingue de otros destacados correligionarios suyos e incluso de personajes que -pese a su posición institucional- no parecen haber aceptado lo indispensable de dicha cultura constitucional, incapaces de abandonar reflejos político-jurídicos adquiridos en tiempos anteriores a la democracia, cuando las leyes fundamentales franquistas querían ser "permanentes e inalterables por su misma naturaleza".

En contraste con esta perspectiva tan alejada del espíritu constitucional y tal como ha escrito el profesor Cruz Villalón, "la defensa ha de incorporar la reforma, al igual que la reforma ha de incorporar la defensa". Las autorizadas palabras de Cruz Villalón -como académico y como antiguo presidente del Tribunal Constitucional- nos indican que, para asegurar la pervivencia de un texto constitucional, hay que admitir la posibilidad de su adaptación al cambio político y social. Un proceso de reforma debe seguir la pauta marcada por el mismo código, evitando fracturas que quiebren el consenso social que le da su vigor. Pero negar de hecho o de derecho tal posibilidad de reforma pone en peligro la supervivencia de una Constitución alejada de la realidad que debe regular.

Es una obviedad recordar que la realidad española y europea de hoy no es la de 1978. La misma Constitución ha dado lugar a procesos imprevisibles en el momento de su aprobación: por ejemplo, la aparición de 17 comunidades autónomas. Es novedad la integración de España en la Unión Europea: obliga a europeizar nuestra Constitución, que habrá de ser leída a la luz de la Constitución Europea. Otras normas e instituciones constitucionales padecen hoy desajustes y requieren una acomodación a las nuevas condiciones.

Por estas razones, levantar la bandera de la inmutabilidad constitucional es contradictorio, inútil y peligroso. Es contradictorio con la defensa de la misma Constitución, cuya permanencia se sustenta en la posibilidad de su reforma. Es inútil, porque las condiciones políticas y sociales acaban forzando una modificación de las normas y de su interpretación al coste de intensificar la controversia jurídico-política. Y es peligroso para la estabilidad política, porque resistir esta dinámica de transformación en algunos elementos constitucionales amenaza la aceptación social del texto en su conjunto y erosiona su legitimidad.

Tengamos, pues, una celebración que refuerce nuestra cultura constitucional. Y que -en lugar de mirar tanto hacia el pasado- mire hacia el futuro, hacia la "Constitución prospectiva" (Cruz Villalón) requerida por la realidad española del siglo XXI. Vendrá inexorablemente. Preparémosla, pues, con espíritu dialogante, con tiempo y sin reservas.

Josep M. Vallès es miembro de Ciutadans pel Canvi