Martínez ordena desalojar a sindicalistas que se encadenaron en el Consistorio

El desencuentro laboral en el Ayuntamiento de Cádiz entre el gobierno local ( PP) y los funcionarios municipales vivió ayer su episodio de mayor crispación. La alcaldesa Teófila Martínez ordenó el desalojo de unos sindicalistas que se habían encadenado en el interior del Consistorio y, posteriormente, se manifestaron con pancartas y secundaron una gran pitada a las puertas de la casa consistorial.

Los sindicatos, que llevan cinco días encerrados en dependencias municipales, anunciaron que "recrudecerán" sus protestas en los próximos días en demanda de mejoras salariales y laborales en el nuevo convenio colectivo y para denunciar, según dijeron, la postura "fascista y antidemocrática" de Martínez. La regidora popular acusó a los sindicatos de "no querer sentarse a negociar".

Una decena de representantes de todos los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Cádiz -UGT, CC OO, Autonomía Obrera y el Sindicato de Policía Local (SPL)- iniciaron el pasado martes un encierro indefinido en las dependencias municipales en protesta por la "intransigencia" del gobierno local para negociar las mejoras laborales y salariales que han planteado los trabajadores en el nuevo convenio colectivo.

Los sindicatos llevan varias semanas secundando diferentes acciones de protesta a las puertas del consistorio para exigir seis medidas concretas. Piden un aumento salarial ajustado a la inflación real, como ha aprobado días atrás la Junta de Andalucía para sus funcionarios. Asimismo, exigen la reclasifica-ción de todos los grupos de trabajadores para que se les reconozca su categoría profesional. Reclaman además planes de pensiones con aportación inicial exclusiva del Ayuntamiento y la convocatoria de nuevas plazas fijas para los interinos y la sustitución de todas las horas extras de la plantilla por nuevos puestos de trabajo.

El malestar sindical se simbolizó ayer de nuevo con protestas en el consistorio. La Policía Local desalojó a la fuerza a unos cinco sindicalistas que se habían encadenado en el interior del Ayuntamiento. Posteriormente, medio centenar de funcionarios secundaron una pitada a las puertas de la administración municipal, y profirieron críticas y cánticos en contra de Martínez y del concejal de personal, Ignacio Romaní.

Las fachadas del edificio Amaya -donde están los despachos sindicales- y del cuartel de la Policía Local amanecieron empapeladas y cubiertas por infinidad de pancartas de protesta. Varias ruedas de los coches patrulla de la Policía Local aparecieron pinchadas y un grupo de agentes municipales celebró desayunos en la calles y utilizó masivamente el autobús urbano para denunciar "la precariedad de medios" con la que trabajan.