La política espectáculo y Punta Umbría

La actividad política, como servicio a la sociedad, es una actividad honorable. Los ciudadanos para poner límite a la ley del más fuerte eligen a sus representantes que en ejercicio de esa representación definen las reglas del juego. Todos los que tenemos alguna responsabilidad política hemos de, en la medida que de nosotros dependa, transmitir a la ciudadanía que la dedicación a la cosa pública es honrosa independientemente de la opción ideológica que cada uno represente.

La honorabilidad del ejercicio político es incompatible con la descalificación mezquina del adversario. En definitiva, no todo vale. El respeto al rival político debe formar parte de las reglas del juego, y se falta a ese debido respeto cuando se intenta cubrir con el manto de la duda y de la sospecha a personas que tienen una acreditada trayectoria de honradez.

Los ciudadanos cuando depositan la confianza en un político, en concreto, en los alcaldes esperan que su principal dedicación sea resolver los problemas que más les preocupan. Es decir que el mayor esfuerzo esté encaminado a mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros.

Por ello, produce un gran desencanto en la ciudadanía observar que, en lugar de dedicar los esfuerzos a la búsqueda del interés general y del bien común, el objetivo fundamental sea desacreditar al rival político o proponer su aniquilación. Y vienen al caso estas reflexiones por lo que en los últimos meses está ocurriendo en la localidad de Punta Umbría. Un alcalde recién elegido, que, ante el reto y el esfuerzo que supone dedicarse a mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos y cumplir los compromisos adquiridos, dedica toda su actividad a descalificar a sus rivales políticos, a tratar de desacreditarlos cubriendo con el velo de la duda a personas honorables. Para ello, se elige un tema, el Urbanismo, en el que, sin duda, la sensibilidad social está acentuada.

Pero actitudes de este tipo tienen efectos secundarios: por una parte, los ciudadanos se sienten defraudados cuando ven que los problemas para cuya resolución dieron su voto, no se resuelven, cuando observan cómo la política espectáculo se convierte en el principal objetivo diario; pero, por otra parte, -y esto también es especialmente grave-, aquellos inversores que están dispuestos a emprender proyectos que generen empleo y bienestar se sienten inseguros, se aplican aquello de "cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar", y, ante la evidencia de que al riesgo que todo proyecto empresarial conlleva, se le añade la posibilidad de terminar ante una peculiar comisión de investigación, donde lo que prima es el espectáculo mediático, optan por poner tierra por medio y realizar sus inversiones donde no existan riesgos añadidos.

Se ha creado, premeditadamente, un clima de confusión y de duda que en nada favorece la atracción de inversores y de proyectos de calidad que contribuyan a la creación de riqueza. Asistimos atónitos a un espectáculo mediático de consecuencias perversas en el que se dan situaciones un tanto llamativas. Así, en estos días sabemos que a un empresario que hace unas semanas se le citó para comparecer ante la comisión de investigación, ahora es emplazado por las mismas personas, incluso ampliando los plazos, para que deposite millones de euros para emprender un proyecto, el cual previamente han desacreditado y asociado a todo tipo de maldades.

El alcalde de Punta Umbría se encuentra ante un dilema si acepta el pago de la cantidad que vence en estas fechas, en el supuesto de que la empresa encuentre garantías suficientes para hacerlo, estará implícitamente reconociendo que todo el espectáculo montado durante meses no tenía más finalidad que fijar la atención en su persona y simultáneamente desgastar, sin importar las consecuencias, a los rivales políticos. Por el contrario, si por medio de algún tipo de resolución no permitiera el pago, no solo estaría causando un importante daño a las arcas municipales sino que además, muy probablemente, se abrirá una batalla legal que paralizará sine die el proyecto, a la vez que incrementará la sensación de confusión en torno al mismo.

En el ambiente de desconfianza generado no se dan las mínimas condiciones para incentivar la actividad empresarial. ¿Cómo -insisto- las mismas personas que han desacreditado un determinado proyecto pueden garantizar el apoyo institucional a una iniciativa empresarial que define un modelo turístico de calidad? Pero si la utilización perversa de los votos para aniquilar políticamente a los rivales, en lugar de dar respuestas a las necesidades de la ciudadanía es rechazable, no lo es menos el desacreditar a las instituciones. Y es rechazable porque por este camino lo que se consigue es la pérdida de confianza en la política y en el sistema que todos nos hemos dado. Tratar de implicar a la Junta de Andalucía en un montaje que solo busca el descrédito de personas honorables no es aceptable.

La Junta de Andalucía ha cumplido con su obligación. Ha ejercido sus competencias y ha intervenido para encajar el proyecto turístico en el marco de la legalidad. No es políticamente honesto crear un ambiente de confusión y de medias verdades en el que todo nombre que aparece queda contaminado.

Esta forma de actuar, que en la reciente historia nacional hemos sufrido, descalifica a los que la practican y produce unos efectos que en nada benefician al interés general.

Juan José López Garzón es delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva.