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Expertos juristas opinan que el Estatuto corre el riesgo de anclarse en el pasado si no se reforma

Pérez Royo dice que si el texto no se actualiza y adapta a los tiempos está "enfermo"

Expertos juristas reunidos ayer en unas jornadas organizadas por la Universidad de Sevilla Pablo de Olavide opinaron que es necesario reformar el Estatuto de Autonomía para adaptarlo a la realidad social de Andalucía. Los profesores de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo, Ángel Rodríguez Vergara y Javier Pérez Royo coincidieron en que el miedo a la reforma es una "patología" con la que se corre el riesgo de que la sociedad quede prisionera del pasado. Según Pérez Royo, en este momento, "el coste de la no reforma es mayor que el de la reforma".

Desde que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, planteó la revisión del estatuto en junio de 2001 se han sucedido los foros de debates sobre la conveniencia de la reforma. El área de historia contemporánea de la Universidad sevillana Pablo de Olavide , con el patrocino de la Fundación El Monte, celebra entre ayer y hoy las jornadas El Estatuto de Autonomía ante los nuevos retos de la sociedad andaluza, en la que, junto con otros aspectos, tres expertos constitucionalistas apostaron por perder el miedo a ir actualizando y adaptando el estatuto a la realidad social de Andalucía.

El profesor Ruiz Robledo, que fue el primero en intervenir, dijo que si se quiere que el Estatuto andaluz sea "operativo y vinculante es urgente actualizar su contenido", de los contrario le puede ocurrir como a las constituciones del siglo XIX, "que todo el mundo citaba pero nadie cumplía". Tras proclamarse firme partidario de la reforma, el profesor de la Universidad de Granada explicó que el motivo de la revisión no puede ser ampliar competencias, ya que estas se pueden ir alcanzado por la vía política "del acuerdo". A su juicio, el proceso de adaptación tiene "sobradas" razones técnicas, que él define como "cosméticas", en referencia a los artículos que están desfasados, son superfluos o circulares. Y sobre todo, orgánicas, como el sistema electoral: listas abiertas y paritarias o limitación de mandatos, que deberían quedar reflejadas en el Estatuto en vez de sustentadas en leyes.

Ángel Rodríguez Vergara secundó que donde menos calado tiene la reforma es el campo competencial y apuntó que, además de las cuestiones técnicas y de instituciones de autogobierno, se deberían incorporar al Estatuto valores propios de la comunidad, derechos y deberes y conquistas sociales que adquieran rango estatutario. El catedrático de la Universidad de Extremadura advirtió del riesgo de que los estatutos se contaminen de lo que definió como "patología" de la Constitución española, que "es que no se reforme".

Javier Pérez Royo continuó con este hilo conductor y aseguró que la reforma tanto en las constituciones como en los estatutos "no es una opción, sino una necesidad". Explicó que mientras en el mundo del derecho no existe la cláusula de reforma porque las leyes van siendo derogadas y modificadas según la realidad de cada momento, en los estatutos y las constituciones sí: "Es un componente necesario". "Y hay que hacer uso de ella", agregó, "porque si no la sociedad se queda prisionera del momento político constituyente; es esencial que la sociedad demuestre que es capaz de renovar".

El constitucionalista, que fue uno de los redactores del Estatuto andaluz, dijo que los políticos deben ir identificando los aspectos que hay que cambiar y ponerse de acuerdo: "Hay que repetir esto y ser pesado para que acabe calando que el coste de la no reforma es ya mayor que el de la reforma". Según él, el Estatuto ha sido un "éxito", pero eso no quiere decir que no se pueda reformar: "Es el momento de volver a ponernos de acuerdo y hablar, porque lo que no se puede hablar no se resuelve y cuando un problema no se resuelve acaba estallando". "El estatuto que no se reforma está enfermo", finalizó.

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Las jornadas, que continúan hoy, fueron inauguradas por el presidente de la Fundación El Monte, Ángel López, uno de los ponentes del Estatuto; el presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueso, y el organizador, Manuel González Molina.

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