El Poder Judicial pide que la policía acceda al registro de medidas contra los maltratadores

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer un informe al decreto que regula el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica. Por mayoría de 15 votos, se propuso modificar el decreto para que la policía pueda tener accesos a más datos de ese Registro. En cambio, cinco consejeros del sector progresista pidieron, sin éxito, que se elimine toda posibilidad de que la policía, de forma autónoma, tenga acceso a la información de ese registro de medidas cautelares.

Además del presidente y los 11 vocales propuestos por el PP, votaron a favor del informe la ponente del mismo, Montserrat Comas, y el vocal Javier Martínez Lázaro, ambos propuestos por el PSOE, así como los vocales propuestos por CiU, Alfons López Tena y de consenso PP-PSOE, Agustín Azparren. Cinco vocales suscribieron un voto particular conjunto, si bien dos de ellos, Félix Pantoja -propuesto por IU- y Ángeles García, propuesta por el PSOE, votaron en contra, mientras que Fernando Salinas, José Antonio Alonso y Juan Carlos Campo, propuestos por el PSOE, se abstuvieron. Luis Aguiar no asistió al pleno.

El punto más conflictivo del decreto fue el relativo al acceso policial al registro de medidas cautelares contra los imputados en violencia doméstica. El decreto establece que "la Policía Judicial podrá acceder a la información contenida en el Registro Central, relativa a órdenes de protección y medidas cautelares, cuando ello fuere preciso para el adecuado seguimiento de su ejecución". El informe aprobado pide ampliar ese acceso "a fin de que la Policía Judicial pueda acceder" a todos los datos sobre medidas cautelares.

No a la autonomía policial

Por el contrario, el voto particular intentó, sin éxito, que el CGPJ recomendara al Gobierno eliminar esa autorización a la policía. Los cinco vocales razonaron que "la actuación de la policía judicial puede, y debe, llevarse a cabo bajo la dirección del órgano jurisdiccional y del Ministerio Fiscal, no dando lugar a un funcionamiento policial autónomo".

Desde la mayoría, Martínez Lázaro declaró que "no se puede caer en un garantismo que no es tal cuando hay un problema tan terriblemente grave como la violencia contra las mujeres", y defendió la necesidad de que quienes tienen que proteger a las víctimas "conozcan las medidas cautelares contra los violentos".

Los cinco vocales minoritarios plantearon también que "debe conferirse a los interesados (víctimas y/o implicados) la posibilidad de instar la cancelación de datos registrales cuando las medidas se dejen sin efecto", de acuerdo con la legislación de Protección de Datos.

El voto particular plantea la necesidad de regular "un Registro más importante, el que debiera dar publicidad a las sentencias firmes que condenan a maltratadores".