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El fiscal exime de culpa a los médicos compañeros de la asesina De Mingo

El fiscal que investiga el caso de Noelia de Mingo, la médico residente que el pasado 3 de abril mató a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz, considera que los doctores de este centro carecen de responsabilidad penal en la causa, por lo que pide al juez que no les cite como imputados.

En un escrito remitido al titular del Juzgado número 33 de Madrid, Tomás Martín, el fiscal del caso, señala que "no debe tomarse declaración en calidad de imputados al médico de cabecera y a los doctores Carlos Acebes y Gabriel Herrero" al considerar que no existe "prueba alguna de su participación" en ningún delito ni tan siquiera "por comisión por omisión".

El representante del ministerio público responde así a la petición de la acusación particular, ejercida por las familias de las víctimas, de que se citase como imputados a Herrero y Acebes, el jefe del Servicio de Reumatología de la Fundación y el tutor de residentes del centro, respectivamente, y al médico de cabecera de Noelia de Mingo.

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El fiscal sostiene que es "inconcebible" decir, como defiende la acusación particular, que estos doctores crearon un "potencial riesgo" con su actuación, y recalca que no sabían que la agresora fuera a cometer los hechos y tampoco lo pudieron prever. "Nadie, absolutamente nadie, pudo ni tan siquiera imaginar el fatal desenlace de esta causa", asegura el fiscal. Por ello, entiende que los médicos "ni crearon ningún riesgo, ni asumieron ningún resultado, ni pudieron prever el mismo", y, en lo que se refiere al médico de cabecera de De Mingo, afirma que éste no incumplió las obligaciones de su profesión "al no advertir los episodios alucinatorios esquizofrénicos padecidos por la paciente al hospital en el que trabajaba".

"Desenlace fatal"

Añade a este respecto que "el desenlace fatal ocurrió en el hospital, pero también pudiera haber ocurrido en el domicilio familiar, en la vía pública o en cualquier otro lugar".

El fiscal observa también que, si bien dentro de su entorno laboral y familiar existían "sospechas más o menos fundadas de depresión, esquizofrenia u otra enfermedad mental, ello no les hace responsables de tres homicidios y otras tantas tentativas de homicidio". Por este motivo, no entiende "apropiado someter a los facultativos a penas de banquillo".

El fiscal, en resumen, pide que la resolución se centre en el tema a debate, puesto que la acusada está en prisión preventiva y los afectados esperan "el cobro de las indemnizaciones correspondientes por las lesiones sufridas y por el fallecimiento de sus familias". En este sentido, para el fiscal la causa debe centrarse "en el aseguramiento y pago de los responsables civiles, sin dilaciones indebidas".

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