Los rectores piden más confianza al Gobierno que surja del 16-N

Los rectores de las universidades públicas catalanas piden al Gobierno que surja de las próximas elecciones que "recupere un equilibrio razonable entre el papel de la Administración y el de las universidades en un marco cooperativo y de confianza". Los rectores se reunieron ayer con Pasqual Maragall y su equipo -a instancias del candidato socialista- y decidieron entregarle un documento en el que la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) establece los criterios que, a su entender, deberían guiar al nuevo Ejecutivo catalán en la gestión del mundo académico.

La ACUP, cuya presidencia, que es rotatoria, corresponde en estos momentos al rector de la Universidad Rovira i Virgili (URV), Lluís Arola, entregará este documento de nueve puntos a todos los partidos políticos que concurren a las elecciones al Parlament del 16 de noviembre.

Por su parte, el rector de la Universidad de Barcelona, Joan Tugores, pidió a quienes ocupen el Palau de la Generalitat "una relación más basada en la cooperación y la confianza" que la existente en los últimos cuatro años. Tugores, sin citarlo, fue muy crítico con la gestión del titular del Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información (DURSI), Andreu Mas-Colell, que, aseguró, ha estado marcada por la desconfianza. "Las universidades hemos cooperado con el DURSI...", dijo, dejando implícito que no ha habido reciprocidad.

La principal petición de los rectores a las fuerzas políticas catalanas es de orden financiero. La ACUP exige que se cumpla la disposición primera de la Ley de Universidades Catalanas (LUC), votada por la mayoría de los grupos políticos, que establece que en el año 2010 se debe haber producido un incremento del 30% real -excluida la inflación- de los recursos a disposición de las universidades públicas. El punto cuarto del documento advierte de que el incremento "sea de los recursos puestos a disposición de las universidades -en el clima de confianza expresado anteriormente- y no de la maquinaria de la Administración".

Rebaja sustancial

Tugores explicó ayer que, pese a que se trata de un asunto que debe gestionar el Ejecutivo que surja de las elecciones, los rectores han recibido en los últimos meses dos borradores elaborados por el DURSI en los que se incluyen en este 30% una serie de partidas gestionadas por el DURSI, lo que rebaja sustancialmente el aumento real de la financiación de las universidades.

La nota también critica la política de investigación llevada a cabo por el DURSI en estos últimos años, que los rectores consideran excesivamente centrada en unos pocos proyectos de excelencia. La ACUP pide un mayor equilibrio entre las iniciativas de investigación universitarias, "que son la base de la notable mejora de la posición de Cataluña en los rankings internacionales", y las "actuaciones especiales dirigidas a iniciativas más específicas".

La complicada situación de la Agencia Catalana para la Calidad del Sistema Universitario (AQU), que tiene competencias sobre la evaluación del profesorado y pretende convertirse en la institución que acredite al profesorado contratado de las universidades catalanas, preocupa también a los rectores. La institucionalización de la AQU, y de rebote de todas las agencias de las administraciones autonómicas, fue el principal argumento de CiU para votar a favor de la polémica Ley Orgánica de Universidades (LOU) de la ministra Pilar de Castillo. Pero desde que se ha empezado a aplicar el sistema de acreditaciones, la AQU mantiene una pugna con la agencia estatal, la Aneca, que se atribuye competencias de ámbito nacional, lo que está creando confusión en las universidades que deben decidir qué acreditación aceptan.

Por el momento, es la Aneca la que está acreditando al profesorado. La AQU tan sólo ha empezado a examinar a lectores y colaboradores. Sin embargo, la pretensión de ambas agencias augura un choque a medio plazo. Los rectores piden que la AQU se "reoriente" para dejar de ser "percibida como una herramienta del poder político". Tugores, más explícito, pidió ayer que la agencia catalana "no se vea contaminada por injerencias políticas". Según el rector de la UB, la situación actual podría derivar en que eventualmente cada administración demande a las universidades ante los tribunales.