El PSOE sostiene que su plan contra la discriminación salarial es nuevo

Rafael Simancas, candidato del PSOE en los comicios autonómicos del próximo domingo, defendió ayer que su propuesta de sancionar -con la imposibilidad de recibir subvenciones o contratar con la Administración- a las empresas que discriminen salarialmente a las mujeres es nueva. Respondía así a las críticas recibidas por parte de dirigentes del PP, que aseguran que esa medida ya está recogida en la normativa actual y en una ley que ahora está en tramitación en el Senado.

Miguel Ángel Villanueva, número dos de la lista del PP, había acusado el lunes al PSOE de proponer algo que "ya está contemplado en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas". Y la secretaria regional del PP de Castilla-La Mancha, Rosa Romero, afirmó ayer que Simancas hacía "el ridículo" al proponer algo que ya recoge el proyecto de ley de subvenciones públicas, aún en tramitación. El viceconsejero de Trabajo del Gobierno regional en funciones, Javier Vallejo, señaló además que "las comunidades autónomas no tienen capacidad para legislar sobre derecho laboral, sino sólo para ejecutar las leyes de ámbito estatal".

Sin embargo, el proyecto de la Ley de Subvenciones no prevé una referencia expresa a las discriminaciones por razón de sexo. Se limita a excluir de las subvenciones a las empresas que hayan cometido delitos "contra los derechos de los trabajadores" habiendo sido "condenadas mediante sentencia firme". Simancas aseguró que la más clara demostración de que la propuesta del PSOE no se aplica en Madrid es que hasta el momento "no ha habido ni una sola empresa sancionada, y la discriminación se produce cada día".

"Faltas graves"

En cuanto a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los socialistas señalan que sólo "prohíbe contratar con empresas que hayan sido sancionadas en materia social por faltas muy graves", y determina que estas faltas muy graves incluyen las "decisiones unilaterales del empresario que contengan discriminaciones por circunstancias de sexo".

Responsables del PSOE manifestaron que la propuesta de Simancas "es otra cosa". Afirman que el "entramado burocrático no funciona, porque, de hecho, no hay sanciones por discriminación de género y la previsión legal no ha sido utilizada nunca para vetar una contratación administrativa". Según los socialistas, su propuesta supone crear "un plan de la inspección de trabajo para extremar la vigilancia del cumplimiento de la norma de no discriminación por razón de género". Los socialistas mantienen que "la Comunidad tiene competencias para establecer estos planes especiales de inspección a través de las comisiones territoriales en virtud del artículo 16 de la Ley de la Inspección de Trabajo".

Simancas subraya que su promesa pasa por "la creación de un órgano de control interno en la Comunidad de Madrid para velar por la igualdad laboral entre hombres y mujeres".