El precio de las VPO en Valencia sube un 20%

Los promotores inmobiliarios de la Comunidad Valenciana se comprometerán por escrito el lunes a cumplir al pie de la letra las exigencias municipales sobre porcentajes de edificación de viviendas de protección oficial en todos los planes de actuación pendientes de aprobación a través de la firma de un convenio con la Consejería de Territorio y Vivienda. Tal acuerdo implica la inminente construcción de hasta 15.000 viviendas de protección oficial en las tres capitales de provincia. El año pasado se construyeron en Valencia 8.000 viviendas y sólo 100 eran protegidas.

El Ministerio de Fomento publicó ayer en el BOE una orden que permite elevar los precios de las viviendas de protección oficial (VPO) sobre los máximos establecidos para cada Comunidad Autónoma hasta un 20% en la ciudad de Valencia y un 10% en las ciudades de Alicante y Castellón. El precio del metro cuadrado de las VPO en Valencia es hoy de 992,5 euros. A partir del próximo 1 de enero, será de 1.191 euros por metro cuadrado.

La orden de Fomento es, de hecho, uno de los puntos incluidos en el convenio que tienen previsto firmar el lunes la Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana, por un lado, y la Consejería de Territorio y Vivienda, por otro.

El acuerdo constituye el primer compromiso entre los promotores valencianos y la Administración desde la firma de un gran acuerdo de ámbito estatal que cerraron los constructores con los primeros ayuntamientos democráticos bajo el primer gobierno de la extinta Unión de Centro Democrático.

Benjamín Muñoz, gerente de la asociación de promotores, celebró ayer un acuerdo que desbloquea una situación ficticia. "La Generalitat mantenía los precios mínimos de VPO por decisión política", comentó, "y como resultado de las ocho mil viviendas que se construyeron el año pasado en la ciudad de Valencia sólo cien eran de protección oficial".

Muñoz recordó que cerca de 200 ayuntamientos españoles están calificados por Fomento para elevar los precios de las VPO por encima de los mínimos establecidos y hasta 60 pueden revisar los precios al alza hasta un 40%, entre ellos Sevilla, La Coruña o Jerez de la Frontera. "Es ridículo mantener unos precios ficticios", señala Muñoz, "porque, a la postre, si el constructor pierde dinero en las promociones de VPO carga esas pérdidas en las viviendas de precio libre".

El gerente de los promotores valencianos se deshizo en elogios a la capacidad de Rafael Blasco, consejero de Vivienda, para asumir los problemas que arrastraban los constructores en la grandes capitales a la hora de acometer promociones de VPO, y auguró "una nueva etapa de cooperación de la iniciativa privada con la Administración autonómica". "Por primera vez, el sector promotor se siente comprendido y cómplice de la Administración", insistió Muñoz.

Un portavoz oficial de la consejería, por su parte, subrayó que el alza de los precios mínimos de las VPO en las tres capitales de provincia apenas tendrá repercusión sobre los vecinos que accedan a las ayudas oficiales, puesto que las subvenciones públicas crecen en una proporción similar al precio final de venta.

El único escollo pendiente para culminar con éxito la etapa de cooperación que auguran los promotores reside en la capacidad de los ayuntamientos de las tres capitales para agilizar la tramitación de los planes de actuación que tienen sobre la mesa.

Los promotores, de hecho, apenas se comprometen a cumplir a rajatabla las exigencias municipales en cuanto a la proporción de VPO que deben edificarse en cada uno de los planes pendientes de aprobación, que habitualmente ronda el 20%, y renuncian a plantear cualquier tipo de recurso una vez adjudicados los proyectos.

Una estimación a vuelapluma eleva a unas 6.000 las VPO incluidas en los planes pendiente de aprobación en la ciudad de Valencia, otras tantas en Alicante y la mitad en Castellón, según el gerente de la federación de promotores.

La ley de acompañamiento de los presupuestos prevé la intervención de la Generalitat sobre suelo de propiedad municipal si se retrasa su uso para servicio público. Pero la gran baza que consideran los promotores es la promesa electoral de Francisco Camps, presidente de la Generalitat, de construir un total de 100.000 viviendas para albergar a las familias de rentas más bajas a lo largo de la presente legislatura.