El ex alcalde de Pego se sienta en el banquillo

El juicio al ex alcalde de Pego, el independiente Carlos Pascual, a un miembro de su equipo de Gobierno, José Orihuel, y a cuatro agricultores, acusados de desecar el parque natural del marjal de Pego-Oliva, arrancó ayer en la Audiencia de Alicante con peticiones de nulidad por parte de las defensas. Los letrados alegan que la instrucción del caso vulneró los derechos fundamentales de sus defendidos. El fiscal pide a Pascual casi 11 años de cárcel.

Un centenar de vecinos de Pego (Marina Alta) se trasladó en dos autobuses hasta la capital de Alicante para "apoyar" a su ex alcalde, el controvertido Carlos Pascual, en el procedimiento penal abierto contra él por un supuesto delito medioambiental. El ex primer edil, sobre el que pesan varios procesos penales abiertos, se sentó ayer en el banquillo, junto con otros cinco acusados, como presunto responsable de la "alteración" del parque protegido del marjal de Pego-Oliva, catalogado como humedal de importancia internacional.

La vista oral, prevista en la sección tercera de la Audiencia de Alicante, no llegó a celebrarse por la dilación en las cuestiones previas. Las defensas reclamaron la nulidad del proceso al entender que durante la instrucción se vulneraron derechos fundamentales de sus defendidos, entre otras irregularidades. Por su parte, el representante legal del Ayuntamiento de Pego, Moreno Cánoves, no sólo se adhirió a la petición de las defensas de los acusados sino que reclamó la suspensión del proceso -la acusación pública imputa al Consistorio y a la comunidad de regantes de las tierras arroceras- como responsable civil subsidiario. El fiscal adscrito al caso y responsable de delitos ecológicos Ricard Cabedo, no estimó ninguna de las alegaciones. El tribunal adopta hoy una resolución.

Los hechos enjuiciados se remontan a enero de 1996 y se prolongan hasta abril de 1998. Según consta en el escrito de calificación provisional del fiscal, el ex primer edil perseguía recuperar los cultivos de arroz y favorecer el incremento del valor de las fincas de particulares ubicadas en el paraje protegido. Para ello, Pascual contó, presumiblemente, con la colaboración del teniente alcalde de la localidad y, a la sazón, presidente de la comunidad de regantes de las tierras arrozales de Pego, José Orihuel Morera; y otras cuatro personas [agricultores] acusadas de incendiar la vegetación del entorno y de realizar obras. Para ellos, el ministerio público reclama seis años de cárcel; siete y diez meses para Orihuel. El ministerio público reclama, además, una indemnización para la Generalitat de 3.906.578,68 euros -650 millones de pesetas-, de los que el 48% deberá ser abonado por Carlos Pascual y José Oriel. Entre las supuestas "irregularidades" cometidas durante el sumario, Iván Hernández, abogado de la defensa, censuró que el fiscal aplique el nuevo código penal -más restrictivo que el anterior-, cuando los hechos fueron cometidos mientras seguía en vigor el anterior. Con la antigua legislación, los agricultores incriminados se enfrentarían a un período de entre uno y seis meses; con el actual, la pena se eleva a nueve años de cárcel. "La interpretación va contra todo derecho penal. Son errores jurídicos de bulto", subrayó Hernández. De la misma forma, insistió en la nulidad de la obtención de distintas pruebas como la declaración de testigos e imputados en la que, según el letrado, no intervino la defensa. Iván Hernández exigió además la retirada de la Generalitat en el proceso. Por su parte, el abogado de la Comunidad de Regantes, Rodríguez Pérez, apuntó que la Audiencia es "incompetente" en el enjuiciamiento de este caso ya que, a su entender, debe ser procesado por un juzgado de Benidorm. Al final de la sesión, vecinos de Pego aclamaron, de nuevo a su ex alcalde, con aplausos y gritos.