Las entidades de acogida familiar se quedan sin fondos para acabar el año

Las seis entidades encargadas de realizar la formación y el seguimiento de las familias que acogen a menores de centros de protección han enviado cartas de despido a sus trabajadores para anunciarles que no podrán pagarles a partir de noviembre ya que la subvención que perciben por parte de la Consejería de Bienestar Social sólo cubre los gastos hasta finales de este mes. De esta forma unas 250 familias de acogida se quedarán a partir de entonces sin el seguimiento, orientación y formación que ofrecen estas entidades si no hay un aporte de fondos del Consell que permita mantener los salarios, como apuntó ayer CC OO. Luisa Staatsman, responsable de la Federación de Enseñanza del sindicato, señaló ayer a este diario que en un principio la orden de ayudas destinada a cubrir los gastos de estas seis entidades (Acaronar, Avaf, Los Arcos. Nazaret, Espígol y Avar) abarcaba a todo el año "sin embargo en la resolución posterior se redujo la cifra inicial en un 35%". Según la responsable sindical, la consejería es conocedora de esta situación desde hace tiempo. Antes de verano, los representantes de las entidades tuvieron un encuentro con el anterior responsable de la dirección general de Familia, Menor y Adopciones, Agustín Domingo, "porque veían venir el problema y querían resolverlo antes de llegar a noviembre" y tras la llegada a la Consejería de Bienestar Social de Alicia de Miguel, hubo otra reunión con la nueva responsable, Rosario Calatayud, sin que se haya solucionado el problema.

35 trabajadores

Fruto de la falta de fondos, unos 35 trabajadores se verán afectados, en su mayoría trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales y algunos administrativos. Todos ellos realizan las labores de seguimiento de las familias acogedoras, una función que realizan por delegación de la consejería de Bienestar Social. Este departamento se reserva la potestad de conceder la idoneidad a las familias, es decir, el permiso por el cual pueden acoger a los menores; y sus técnicos tienen la obligación de realizar un informe al año de cada menor. Al margen de esto, el acompañamiento a las familias corresponde a las entidades. Staatsman lamenta que se produzca esta situación cuando "un esfuerzo mínimo de Bienestar Social bastaría para resolverlo". Esta cantidad, según apunta, sería de 109.000 euros, una cifra "irrisoria". Parte del problema radica, según la representante de CC OO, en que el dinero destinado a las entidades se cubre con subvenciones, algo en lo que coincide Neus Carrasco, responsable de acción social del sindicato. "En política social no se puede seguir funcionando con subvenciones graciables, hay que articular las ayudas a través de convenios o conciertos que, además, permiten un mayor control público", apuntó Carrasco.

Bienestar Social señaló ayer que está solicitado un aumento de fondos en esta línea para cubrir las necesidades de todo el año y aseguró que se cubrirá la totalidad del servicio.