Minas de Riotinto denuncia en el juzgado la invasión de su propiedad tras los cortes de agua

Los cortes de agua de la cuenca minera de Huelva están regando de denuncias el cuartel de la Guardia Civil y el juzgado de Valverde del Camino. La empresa Minas de Riotinto (MRT) denunció el lunes al presidente de la Mancomunidad y alcalde de Riotinto, José Manuel Delgado, por invadir su propiedad, allanamiento e intento de detención ilegal del consejero delegado de la empresa, Carlos Estévez. El dispositivo policial en el interior de los terrenos mineros prosiguió ayer, aunque los alcaldes negociaban contrarreloj una toma alternativa con Riotinto Fruit.

Sobre Minas de Riotinto pesan, al menos, dos denuncias presentadas por ayuntamientos afectados por sucesivos cortes de agua desde el pasado 2 de octubre, la fecha en la que la compañía Endesa interrumpió el suministro eléctrico a la empresa minera. Pero la decisión de los alcaldes de la cuenca de entrar en los terrenos de MRT para restablecer el abastecimiento también deberá examinarse en los tribunales.

La empresa presentó el pasado lunes 20 una denuncia contra el presidente de la Mancomunidad de la Cuenca Minera, José Manuel Delgado, por invasión de su propiedad, allanamiento e intento de detención ilegal. "Han entrado en nuestras instalaciones sin autorización judicial y cada ocho horas rompen nuestros candados y a veces alguna valla", censuró el consejero delegado de MRT. El dispositivo diseñado por los municipios contempla turnos de vigilancia de ocho horas en los que se van turnando cuatro agentes. Para entrar hasta el lugar de la estación de bombeo y depuración, los agentes deben atravesar una valla que MRT cierra con candado en cada ocasión.

El presidente de la Mancomunidad, José Manuel Delgado, justificó la entrada en una propiedad privada ante la "situación de emergencia" que afecta a unos 18.000 habitantes y generó pérdidas a empresarios como Jesús Vázquez, dueño de una tintorería. "Tuvimos que trabajar de noche y de madrugada", recordaba el martes.

En lo único que coinciden el gestor de MRT y los alcaldes es en la fecha del primer corte: el pasado 2 de octubre. Ese día Endesa cortó la luz de MRT por una deuda de 1,6 millones de euros, que se arrastra desde 1999, según Estévez. La falta de energía, que afectó a la estación de bombeo y depuración del agua que se distribuye a la comarca, fue la causa del primer corte. "Los alcaldes se pusieron un poquito nerviosos, entraron en las instalaciones y ellos han operado muy mal la estación", explicó ayer.

Estévez, que el día antes declaró ante la Guardia Civil en relación con estos hechos de forma "voluntaria", atribuyó ayer las sucesivas interrupciones en el servicio de agua al desconocimiento del personal enviado para restablecer el abastecimiento: "A veces ellos mismos se cierran el suministro".

El representante empresarial aseguró ayer que en agosto pasado planteó que se estableciese una fuente de alimentación directa entre la estación -ubicada en una zona conocida como área 21- y Endesa. "Habría permitido que nunca se cortase agua a los pueblos", dijo.

El dispositivo policial siguió ayer en el interior de la empresa, aunque la intención de la M

ancomunidad es disponer de una toma alternativa para abandonar las guardias cuanto antes tanto "por el coste económico como por la incertidumbre", indicó el alcalde de Riotinto. Ál cierre de esta edición se celebraba una reunión con representantes de Riotinto Fruit para negociar un suministro desde el pantano de El Jarrama. Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Huelva, Carmelo San Martín, dijo que la Guardia Civil ha remitido a juzgados y fiscalía todas las diligencias relacionadas con los cortes de agua, además de pedir autorización al juzgado de instrucción de Valverde para vigilar las instalaciones en el interior de MRT, informa Europa Press.

El secretario general del PSOE de Huelva, Javier Barrrero, instó ayer a la Fiscalía a resolver de forma rápida si Carlos Estévez ha cometido un delito contra la salud pública y reclamó la presencia de guardias civiles para custodiar las instalaciones, informa Lucía Vallellano.