Médicos y eutanasia
El juramento hipocrático -deber de sanar y salvar la vida del paciente en toda circunstancia- ha sido esgrimido por el estamento médico como un límite deontológico insalvable para prestar su apoyo a la práctica de la eutanasia e incluso para fundamentar la objeción de conciencia al aborto. Pero este principio básico de la ley médica, invocable siempre, se enfrenta a una realidad social que, inexorablemente, lleva a una relectura actualizada del mismo: poblaciones sobreenvejecidas en las que son cada vez más frecuentes las situaciones terminales y en las que la propia ciencia médica ha diagnosticado en un tiempo cierto el fin irreversible de quienes las padecen.
La encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas a instancias del Senado entre 1.057 médicos sobre su actitud frente a la eutanasia muestra la evolución de este estamento profesional, muy matizada, respecto de una cuestión que afecta de lleno a la práctica médica. El dato más destacable es que seis de cada diez médicos españoles son favorables a la legalización de la eutanasia activa, aunque sólo una minoría se muestra dispuesta a aplicarla. Esta opinión, en principio contradictoria, se explica por la convicción médica, basada en la experiencia profesional, de que muchas peticiones de eutanasia no se plantearían si existieran suficientes centros de cuidados paliativos de enfermos terminales. En todo caso, los propios médicos parecen admitir que el debate entre cuidados paliativos y eutanasia no es excluyente, como se desprende de su apoyo mayoritario a la legalización de esta última, en claro reconocimiento del derecho del paciente en situación terminal a decidir sobre la finalización de su vida.
Con todas las matizaciones que se quiera, los médicos españoles siguen la estela del sentir mayoritario de la sociedad sobre la eutanasia y de las fuerzas políticas favorables a su regulación. Parece esbozarse, pues, un consenso, todavía en ciernes, entre la ciencia, la opinión pública y una parte al menos del estamento político para no considerar un atentado a la dignidad humana ahorrar en determinadas circunstancias, legalmente establecidas, médicamente diagnosticadas y socialmente aceptadas, sufrimientos añadidos a enfermos sin esperanza de vida y facilitarles una muerte digna si ésa es su voluntad libre y fehacientemente expresada. ¿Seguirá el Gobierno del PP, depués de esta encuesta, cerrándose a cal y canto a un debate sobre la eutanasia como quiere el Senado y le exige la mayoría de las fuerzas políticas? De momento, su actitud ha sido más bien ignorarla y ocultarla a la sociedad.
