Los dirigentes de la revuelta de Bolivia conceden a Mesa una frágil tregua
El nuevo presidente asegura que las muertes durante las protestas no quedarán impunes
Las espadas siguen en alto en Bolivia. Las movilizaciones han sido desconvocadas en la mayor parte del país para dar un voto de confianza al nuevo presidente, Carlos Mesa, pero los líderes de la revuelta aseguran, con distintos matices, que la tregua es frágil. Los primeros pasos del gobernante han sido bien acogidos, especialmente su promesa de justicia por las muertes en los recientes choques, pero los dirigentes más radicales apuntan que Bolivia está lejos de haber recuperado la paz. La normalidad se respira de nuevo en las ciudades, que muestran huellas de la violencia.
"En el campo no hay tranquilidad todavía. Los bloqueos siguen en el altiplano, los Yungas y otros puntos del país", dijo ayer a este diario Felipe Quispe, líder del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), que no acepta la tregua. Roberto de la Cruz, dirigente sindical de El Alto, ciudad dormitorio que rodea La Paz, señaló que espera acciones tangibles del nuevo presidente, mientras que los líderes campesinos de la zona cocalera del Chapare condicionaron su apoyo al nuevo Gobierno a una solución al tema de la exportación de gas.
En la primera reunión que mantuvo con la prensa extranjera, el presidente Mesa admitió que corre el riesgo de un "naufragio total", al describir la situación en estos términos: "Si Bolivia pierde esta oportunidad, si el presidente, el Parlamento y la sociedad no entienden que nos estamos jugando el destino, podríamos entrar rápidamente en una grave crisis".
El nuevo gobernante se disponía a anunciar la composición del nuevo Gabinete, formado exclusivamente por personalidades sin militancia política. Previamente, asistió a un acto de las Fuerzas Armadas, en el que no rehuyó referirse indirectamente a los efectos de la violenta represión de las protestas por las fuerzas militares. En su discurso, el presidente dijo que el norte de la actuación de quienes tienen las armas debe ser "la defensa de la patria, el orden, la democracia, la Constitución y la soberanía". Y añadió: "Pero también la defensa de la patria es la garantía de la vida de nuestros compatriotas". Estas palabras iban dirigidas a una institución que tuvo una directa participación en el baño de sangre de las últimas semanas, y que en los 157 años de independencia del país ha protagonizado más de 170 golpes de Estado.
Sin impunidad
El presidente ha transmitido en las últimas horas el mensaje de que las muertes no quedarán impunes. Lo dijo en una visita a El Alto, la localidad que llevó la peor parte de la represión, y lo reiteró ante la prensa internacional. Carlos Mesa confesó sentir "un profundo dolor" porque el presidente en aquellas circunstancias fuera Sánchez de Lozada, con quien le unía "una relación muy estrecha, de respeto, de consideración y de proyecto común". La pasión por el cine unía a estos dos dirigentes políticos, que compartieron el Gobierno durante 14 meses. "Tengo una sensación terrible en estos momentos. Es muy doloroso para mí. Mantengo mi consideración personal para el ex presidente", subrayó Mesa. Pero como hombre de Estado, habla de otra manera. Aseguró que hay que investigar y esclarecer los hechos, y que el Congreso decidirá la responsabilidad que pueda tener el ex jefe de Estado y sus más importantes colaboradores, porque así lo establece la Constitución.
En la grave situación económica de Bolivia, el presidente Mesa estimó que "apostar a la ortodoxia es una locura. El modelo económico ortodoxo no tiene más sustentabilidad". Abogó por la flexibilidad en la aplicación de la política económica, y rechaza un alineamiento, que, según dijo, "contribuiría a la polarización". Dejó bien sentado que en las condiciones actuales el país no está en condiciones de lanzarse "a decisiones ideológicas espectaculares" cuando se han de resolver "problemas inmediatos de unidad nacional y de restañar heridas que están muy candentes".
El nuevo mandatario ha recibido apoyo de numerosos países de la región, de Europa y de organizaciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Río. Estados Unidos, a través de su embajador en La Paz, David Greenlee, dio finalmente su respaldo a Mesa, después de apostar hasta el último momento por la permanencia de Sánchez de Lozada en el poder. "La relación del Gobierno de Bolivia con el de Estados Unidos es inalterable, esencial y muy buena", manifestó Mesa. "El embajador me ha ratificado el apoyo de su Gobierno y eso es un dato de cómo están las relaciones". El presidente precisó que en Bolivia, "como en muchas otras partes del mundo", hay visiones críticas hacia Estados Unidas que son legítimas y merecen respeto.
¿Y para qué una Asamblea Constituyente? "La irrupción de posiciones muy profundas, de muchos siglos que se han ido acumulando; el contraste de experiencias culturales, como la quechua y la aimara, con la emergencia de un mundo de modernidad entre comillas en el oriente, nos hace pensar que hay cosas esenciales que tenemos que discutir. El país quiere debatirlo de manera amplia", afirmó Mesa.
El nuevo mandatario reconoce los peligros de despertar expectativas que luego no pueda cumplir. "Espero orientar la discusión para que Bolivia encare este debate de manera racional". Es hora de discutir temas de fondo.
La Paz, una ciudad atrapada
Los últimos días vividos por La Paz, con el aeropuerto internacional cerrado, los accesos terrestres bloqueados y con serios problemas de desabastecimiento de alimentos y energía han demostrado lo fácil que es bloquear la capital boliviana, que se encuentra a 3.600 metros de altitud.
El cerco impuesto por los indios del altiplano, aimaras en una gran mayoría, ha servido para que los historiadores recuerden el asedio que impuso a La Paz en 1780 el líder indígena Túpac Katari. La topografía de la ciudad la hace más vulnerable al aislamiento, según coinciden los especialistas. La ciudad de La Paz creció a la largo de una sola cuenca, la carretera a Oruro, hacia el sur, con lo que basta cerrar la entrada de esta vía para dejar a la ciudad incomunicada con relativa facilidad.
El problema más grave, según explica el urbanista Jorge Ríos Barrón, es la precariedad de las formas de conexión que tiene la capital boliviana. El aeropuerto está en El Alto (4.100 metros de altitud), que es una jurisdicción municipal distinta. La conexión fluvial no existe y la férrea ha desaparecido prácticamente. Queda sólo la salida por carretera para trasladarse a otros puntos del país andino. Lamentablemente, todas las vías pasan por El Alto, la ciudad dormitorio a escasos kilómetros de La Paz, que se ha convertido en la llave para llegar a otros departamentos.
Las más de 800.000 personas que residen en El Alto tienen la capacidad de cerrar la entrada de la ciudad o de tomarla si deciden bajar. Esto es lo que ha ocurrido durante estos días de violentas revueltas. El aeropuerto estaba formalmente abierto al tráfico aéreo, pero las líneas regulares suspendieron los vuelos porque nadie garantizaba el traslado de los pasajeros desde la terminal a la ciudad.
Los aviones privados que volaban hasta El Alto dejaban en la pista a los pasajeros. Desde allí tenían que recorrer por sus propios medios los 14 kilómetros hasta el centro urbano, después de sortear barricadas y la agresividad de no pocos pobladores, que en más de una ocasión recibieron al visitante a pedradas.
