Viviendas para la dignidad

La creciente y no satisfecha demanda de vivienda en las grandes ciudades es una de las paradojas más estudiada por la sociología urbana de los últimos tiempos. Desde la ciudad mercantil hasta la actual ciudad de servicios la acumulación de tareas y la absorción de personas con la consiguiente necesidad de suelo y viviendas ha comportado un radical enfrentamiento entre necesidad y acumulación. Es decir entre el bien de uso y el bien especulativo.

En esta confrontación nos encontramos hoy. Una construcción masiva de viviendas no absorbe en su totalidad la demanda. Por ello, la implicación de la administración en su función correctora de desequilibrios es básica.

La Generalitat Valenciana, a través del IVVSA, y Bancaja mediante su filial inmobiliaria Actura han constituido la primera sociedad de capital mixto con mayoría pública que bajo la denominación de Sòl i Vivendes Valencianes, S.A. (Solivvsa) se ha planteado construir 10.000 viviendas de protección oficial y la urbanización de nueve millones de metros cuadrados esparcidos por la Comunidad Valenciana.

Con esta iniciativa, la Generalitat Valenciana asume y pone en marcha el compromiso electoral del Partido Popular de facilitar el acceso de los valencianos a 100.000 viviendas, de las que 65.000 serán protegidas y de nueva construcción, durante los cuatro próximos años. Un proyecto que empieza a caminar en el marco del Plan de Acceso a la Vivienda que la Conselleria de Territorio y Vivienda ha presentado y del cual se deduce esta primera intervención.

La asunción de este papel protagonista está determinada por el firme propósito de implicar a todos los agentes sociales y económicos en dignificar la calidad de vida de las personas. Hay tres fundamentos sobre los que se basan las sociedades occidentales: la extensión de la educación a todos los estratos sociales, la universalización de la sanidad, y el establecimiento de los mecanismos para que la vivienda sea un bien social y accesible a todos.

Por tanto estamos ante una obligación que no puede estar en manos del mercado como único regulador de la oferta y la demanda. Quien así lo considera cae en el mismo error, sensu contrario, que el de quienes buscan en la administración el sustituto perfecto de la actividad constructora.

Nuestra posición es clara. En este sentido vamos a abrir todas las puertas a la responsabilidad social corporativa con instituciones, entidades y empresas para que en el horizonte del 2007 la vivienda sea un bien accesible a todas las personas que hoy pueden tener alguna dificultad y que por razones coyunturales han visto cómo el sueño de la vivienda se escapaba pese a las favorables condiciones económicas, tanto absolutas como relativas en relación con comunidades como Madrid, Catalunya o el País Vasco.

Sin embargo, pese a estas condiciones favorables comparativas, las propias características de nuestra Comunidad (un territorio en fuerte expansión y lugar de segundas residencias) así como el incremento en el precio de la vivienda como consecuencia de los bajos tipos de interés y la poca rentabilidad de otras opciones para el ahorro, han dejado una bolsa de personas con especiales dificultades para el acceso a la vivienda.

Las nuevas situaciones personales (familias monoparentales, componente único de la unidad familiar...), la requerida independencia de las personas con alguna discapacidad, así como la necesidad de emancipación de los jóvenes han creado una nueva realidad a la que hemos de dar una respuesta ajustada a los nuevos tiempos. De ahí que un 10% de estas 10.000 viviendas vaya a estar destinadas al alquiler, pues éste es un sistema en creciente demanda y que a su vez es un paso inicial de cara a nuevas posibilidades de futuro.

La firma de esta primera empresa con mayoría de capital público es una apuesta clara del gobierno del Presidente Camps por hacer de la vivienda un derecho accesible, y al mismo tiempo, un compromiso del sector financiero por cumplir con una de sus finalidades básicas como es invertir una parte de sus beneficios en bienes sociales. Si a ello añadimos que la empresa Solivvsa está en condiciones de poner en marcha sus primeras actuaciones en un período de tres meses, es justo reconocer que estamos ante una situación transcendental para la Comunidad Valenciana que irá completándose con nuevas iniciativas como la creación de un fondo inmobiliario para la compra y alquiler de viviendas o el establecimiento de convenios con los más diversos ayuntamientos y otras entidades financieras que han mostrado interés en esta nueva acción de la Generalitat.

Por encima de las cifras y de las ejecuciones que estamos llevando a cabo, quiero destacar el valor de dignificación y humanización que subyace en esta realidad. Pues detrás de una vivienda hay un proyecto vital del ser humano, un proyecto que se sustenta en la capacidad de poder trabajar y hacerlo, y en la necesidad de socializar nuestras vidas.

La actual coyuntura nos ha permitido alcanzar unos índices de acceso laboral desconocidos desde hace décadas. Es, por tanto, el momento de mantener esa misma dinámica en un ámbito tan importante para el desarrollo personal como es la posibilidad de acceso a la vivienda. Aceptar la existencia de estas bolsas con dificultades de acceso como un mal menor sería pasar de la vivienda como valor de uso a la vivienda como valor especulativo, y ése es un precio que desde los valores que nos han caracterizado históricamente como la libertad, civilidad e independencia del ser humano, no podemos ni debemos pagar. De ahí nuestro compromiso humano.

Rafael Blasco es consejero de Territorio y Vivienda de la Generalitat.