Los centros públicos se someten a la reforma y los concertados ponen pegas

El Departamento de Educación ha procedido a la última remodelación del Bachillerato a través de una orden. Con ella ha modificado una norma de rango mayor, como es el decreto que aprobó en julio de 2002 con el que reformó en un principio todo el Bachillerato para acomodarlo a los cambios introducidos por el Gobierno central. Los centros públicos no han tenido más remedio que someterse al cambio. No disponen de más profesores en el caso de que opten por aumentar las horas lectivas ya que es el departamento quien asigna los docentes y el que les paga.

En cambio, muchos centros privados han preferido pasar de 31 a 32 horas lectivas a la semana y esa hora de más concedérsela a las optativas. Así, sus alumnos podrán seguir intercambiando la optativa con la asignatura de modalidad si lo desean. El argumento que utilizan para zafarse de la remodelación es que legalmente una orden no puede sustituir a un decreto y, por lo tanto, la norma que está en vigor es el decreto original del año 2002. En su momento, Educación anunció que su orden se convertiría en decreto, pero el caso es que pasa el tiempo y aún no ha visto la luz.

Cuando el Consejo de Gobierno apruebe ese decreto, el servicio de inspección tendrá que volcarse y revisar centro por centro si cumplen con el mandato. Para entonces, los alumnos de Bachillerato de muchos centros privados concertados habrán desarrollado una parte del actual curso estudiando la asignatura optativa como una de modalidad. La pregunta que se están planteando los docentes es si estos colegios darán marcha atrás, con el perjuicio académico que ello puede conllevar a estas alturas del curso.