Obras Públicas advierte de que los planes urbanos de la costa deben priorizar los equipamientos

La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, tranquilizó ayer a los alcaldes de La Axarquía, que no están conformes con los postulados del plan de ordenación subregional para la zona que redacta la Junta, y les dijo que los municipios tendrán autonomía para decidir el modelo de desarrollo que quieren. Recordó que la comarca, que agrupa a 31 municipios, dispone aún de 48.000 hectáreas de suelo no urbanizable común que hay que definir, aunque advirtió que la prioridad de cualquier plan debe ser la dotación de servicios e infraestructuras exigibles en el siglo XXI.

La consejera recordó que las restricciones que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía ha introducido a la construcción de viviendas en suelo rústico no urbanizable no son decisión de la administración andaluza, sino que obedecen a un requerimiento del Ministerio de Administraciones Públicas para suprimir la figura de la vivienda aislada en el suelo no urbanizable.

Esta supresión ha causado malestar entre los alcaldes de La Axarquía, cuyas poblaciones han experimentado en los últimos años una imparable demanda de casas rurales para uso de segunda residencia, desvinculadas de la actividad agraria. Gutiérrez, que la tarde del jueves se reunió con la ejecutiva provincial del PSOE de Málaga y un grupo de alcaldes de la zona, consideró sin embargo que existen algunos márgenes de permisividad pero nunca reformando la norma general, sino en las determinaciones de los planes de ordenación de cada municipio. "La ley prevé un no urbanizable protegido en el que no cabe ninguna actuación, y un no urbanizable común que puede convertirse en urbanizable en función de lo que decidan los municipios".

Pero lo que sí dejo meridianamente claro la consejera es que si se permiten determinadas construcciones deben ser con unos equipamientos pertinentes de abastecimiento y saneamiento de agua, recogida de basuras, comunicaciones y otros servicios de los que carecen muchas de las construcciones diseminadas. "Lo que no queremos es que un extranjero que compre en La Axarquía no vaya luego al Parlamento Europeo a quejarse de que la oferta de la Costa del Sol no tiene equipamientos", dijo, y sentenció: "No podemos propiciar un desarrollo sin hacer una previsión de las infraestructuras y equipamientos que son absolutamente imprescindibles para los estándares de la sociedad del siglo XXI. La Axarquía tiene grandes potencialidades de futuro, pero hay que ordenarlas".

La consejera se comprometió con los alcaldes de La Axarquía a que la administración autonómica financie la redacción de los planes urbanísticos de los municipios menores de 20.000 habitantes que apenas disponen de recursos técnicos y humanos para acometerlos. De los 31 municipios de La Axarquía, 18 carecen de planes urbanísticos municipales.

Estas exigencias de equipamiento también se las recordó ayer la consejera de los alcaldes de la franja costera de Málaga más desarrollada como el de Benalmádena, Enrique Bolín, y de Mijas, Agustín Moreno, ante el proceso de revisión de los planeamientos urbanísticos para adaptarlos a la nueva ley. En las reuniones que mantuvo con ambos, Gutiérrez les pidió una ordenación "acorde con las necesidades presentes y futuras de infraestructuras, equipamientos, servicios y zonas libres y protegidas para que el crecimiento sea ordenado".

Según las estimaciones de la Junta, la población andaluza aumentará en dos millones de personas hasta el año 2015, flujo del que la Costa del Sol recibirá la mayor proporción.

La Consejería de Obras Públicas sigue sin abrir diálogo institucional con el nuevo equipo municipal de gobierno de Marbella, porque según Gutiérrez, "la administración sólo dialoga sobre documentos". La consejera emplazó al consistorio marbellí a "mirar el futuro y planteárselo en el marco de la ley, y dejar de mirar hacia atrás en defensa de los intereses de alguien que ya no está en el Ayuntamiento". Lamentó que hasta ahora todas las actuaciones en materia de urbanismo del gobierno tripartito estén encaminadas "a la defensa legal de antiguos miembros de la corporación" y dijo que el consistorio marbellí tiene capacidad suficiente para conseguir en seis meses la aprobación inicial de un nuevo PGOU.