Los despedidos de Cetarsa denuncian un fraude en su regulación

Un tercio de los 231 despedidos el año pasado de la fábrica de tabaco radicada en Granada Cetarsa han decidido acudir en breve a los juzgados para denunciar lo que ellos llaman "fraudulenta" ejecución del Expediente de Regulación de Empleo (ERE)que lleva cabo la empresa a raíz de su cierre. Tras el cierre de la empresa, se crearon dos grupos de ex trabajadores: los que aceptaron la baja incentivada y quienes quedaron en espera de una recolocación posterior. José Luis Villegas, portavoz de los 70 empleados despedidos que presentarán la denuncia, indicó ayer que la indemnización estipulada para quienes aceptan quedar a la espera de un trabajo es de 60 días de abono por año trabajado cuando la realidad, asegura, es que han cobrado hasta 120 días por año y persona.

La Plataforma denuncia que a los compañeros pendientes de recolocación les están ofreciendo hasta 133.000 euros de máxima y 67.000 euros de mínima, "para que se quiten de en medio y así poder iniciar la posible privatización". Esta duplicación del incentivo supone, asegura Villegas, un uso fraudulento del Plan Social que acompaña al ERE, así como una vulneración del principio de no discriminación frente a los trabajadores que se acogieron a la baja incentivada, que no han visto doblada su indemnización.