El Ejecutivo niega que quiera obligar al comercio a atender en euskera
El Departamento de Comercio y Consumo desmintió ayer de forma tajante el anuncio hecho por el Partido Popular sobre su intención de obligar a todos los comercios a que atiendan en euskera a los clientes que así lo soliciten. El viceconsejero de Comercio y Consumo, Rodrigo García Azurmendi, acusó al PP de "mentir" y de hacer demagogia.
La polémica comenzó por la mañana cuando el parlamentario del PP Iñaki Oyarzabal convocó una rueda de prensa para criticar al Gobierno porque en el proyecto de ley del Estatuto de los Consumidores y Usuarios, actualmente en tramitación en la Cámara, incluye la exigencia a los comerciantes de que atiendan en euskera cuando les sea solicitado. Ello supondría para muchos pequeños comerciantes la necesidad de contratar a personal que conozca la lengua vasca. Gran parte de los pequeños comercios de Euskadi están regidos por autónomos que dirigen el negocio con la única ayuda de su familia.
En concreto, el artículo 37 del proyecto de ley está dedicado a los derechos lingüísticos de los consumidores y establece: "Los usuarios tienen derecho a usar cualquiera de las dos lenguas oficiales (castellano y euskera) en sus relaciones con empresas o establecimientos que operen en la comunidad autónoma vasca, debiendo éstos estar en condiciones de poder atenderles cualquiera que sea la lengua oficial en que se expresen".
El viceconsejero precisó a EL PAÍS que "estar en disposición de atender en euskera o en castellano no significa una obligación de atender en la lengua vasca. No se establece ninguna obligación y, por tanto, no hay ninguna sanción establecida al respecto".
Cierre de comercios
Sin embargo, el parlamentario popular enfatizó que la obligación de atender en euskera la tiene "la Administración, no la panadería de la esquina". En su opinión, o bien la ley se ha hecho de "cara a la galería" o, en caso contrario, abocará "al cierre a buena parte de los comercios" de la comunidad.
García Azurmendi puntualizó que la regulación únicamente pretende establecer los derechos lingüísticos de los usuarios y, con carácter general, les recuerda que tienen derecho a recibir información en euskera y castellano y a usar cualquiera de las dos lenguas oficiales.
"Pero no obligamos a los comercios a disponer de personal capaz de atender en euskera. Lo desmiento, no es cierto", proclamó enfadado.
El proyecto de ley se muestra más exigente, en cambio, con las entidades públicas y sectores de interés general que reciben subvenciones. A ambos les obliga a utilizar las dos lenguas en sus comunicaciones y escritos. En cuanto al etiquetado, tampoco hay obligación de que las etiquetas se expresen en euskera y castellano. "No hay ninguna obligación de hacerlo en euskera", asegura García Azurmendi.
