El PNV varía su estrategia en el Consorcio tras el conflicto por su gestión
"No me apetecía el puesto", admite el concejal tras ser elegido
El PNV ha cambiado, tras 13 años, su estrategia en el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia y pretende que la presidencia pierda su actual poder ejecutivo. La modificación, con la que se volvería al esquema que funcionaba hasta 1990, se produce tras el polémico mandato de los últimos cuatro años, con descalificaciones a la gestión que fueron confirmadas por el Tribunal Vasco de Cuentas en un informe sobre la entidad entre 1997 y 2001.
El nuevo presidente, el concejal bilbaíno Ibon Areso, confirmó ayer tras su nombramiento en la asamblea de la entidad que su objetivo es desarrollar una labor "más institucional y que no sea tan ejecutiva".
El Consorcio, que gestiona el abastecimiento y saneamiento de 53 municipios vizcaínos (más de un millón de habitantes, el 90% de la población del territorio), sigue dominado por una apabullante mayoría nacionalista. El PNV y EA suman 58 de los 71 representantes en la asamblea. La oposición volvió a reclamar el cambio en el sistema de representación, que beneficia a los municipios más pequeños.El Consorcio de Aguas, surgido a mediados de los 60, funcionó hasta 1990 con una presidencia de honor, que siempre recaía en el alcalde de Bilbao o un concejal de esta ciudad, puesto que la gestión corría a cargo del gerente. La situación en la entidad, dominada tradicionalmente por el PNV, cambió en 1990, cuando se nombró el primer presidente ejecutivo y en los años siguientes empezaron los grandes cambios estructurales: la entidad, que entonces era del Gran Bilbao, pasó a ser provincial, aunque la oposición de los ayuntamientos no peneuvistas evitó que se generalizase a toda Vizcaya.
A finales de esa década entró en negocios en el extranjero y, en el último mandato, se creó la polémica empresa Udal Sareak, que actúa como mero intermediario, según ha constatado el Tribunal de Cuentas. Este mandato, entre 1999 y 2003 y bajo la presidencia del ex concejal bilbaíno Iñaki Etxebarria, del PNV, ha sido el más polémico, con acusaciones de enchufismo y anomalías en la gestión. El Tribunal de Cuentas confirmó el pasado año que se han desviado más de 115 millones de euros del Plan de Saneamiento, así como la ilegalidad de los negocios en el extranjero o la adjudicación de contratos sin informes.
La renovación del Consorcio, tras las municipales de mayo, ha llevado a la presidencia al concejal y teniente de alcalde de Bilbao Ibon Areso, un hombre de la máxima confianza del alcalde, Iñaki Azkuna, cuyo perfil conciliador se ajusta además a los deseos del PNV de apaciguar la crisis en la entidad.
Promesa de transparencia
Areso fue elegido sólo con los votos de su partido y EA y de representantes de grupos locales independientes. El PSE, el PP e IU votaron en blanco. Los socialistas anunciaron que se abstendrán en cualquier asunto mientras no se cambie la representación actual.
"No me apetecía el puesto", admitió el nuevo presidente, quien prometió una "transparencia absoluta" en su equipo directivo. La opacidad en la gestión ha sido la principal crítica al Consorcio, de la que han sido testigos los medios de comunicación: hasta hace poco no se entregaba ninguna documentación siquiera sobre los puntos del orden del día.
Areso no quiso censurar la labor de su predecesor -"no creo que en el mandato pasado existiera negativa a dar datos", dijo- y se mostró dispuesto a analizar un cambio en la representación de la asamblea, copada por el PNV gracias al mayor peso relativo de los municipios pequeños: Bilbao, con 350.000 habitantes, cuenta con cinco representantes, los mismos que cinco municipios de 1.000 vecinos cada uno. "No es fácil de resolverlo y es abrir la caja de Pandora", reconoció. Rechazó establecer un mecanismo de proporcionalidad pura, "porque la asamblea parecería la ONU" y apostó por un equilibrio entre "lo territorial y lo poblacional".
Confirmó que no cobrará del Consorcio y seguirá sólo con su sueldo del Ayuntamiento. Etxebarria cobró un año de ambas entidades públicas y sólo renunció al salario del Consorcio tras la presión de la oposición.
