Múgica critica la atención legal a los 'sin papeles' en Algeciras

El Defensor del Pueblo ha detectado importantes fallos en la atención legal que reciben los inmigrantes que llegan a Algeciras (Cádiz), uno de los principales focos de entrada de extranjeros indocumentados a la Península (354 el pasado miércoles). Un informe de la institución dirigida por Enrique Múgica señala que la asistencia jurídica de "algunos abogados" de Algeciras a los inmigrantes "no se efectúa en todos los casos con las garantías y eficacia" que la legislación exige.

En concreto, el informe señala casos de abogados que presentan alegaciones contra los expedientes de expulsión que son meros formularios, en los que sólo cambia la fecha y el nombre del inmigrante afectado.

Esta investigación se inició a raíz de la queja planteada, en marzo de este año, por el Ayuntamiento de Algeciras tras el desplazamiento a este municipio de un grupo de inmigrantes procedente de Palos de la Frontera (Huelva). El análisis de las alegaciones a los 59 expedientes de expulsión reveló que los ocho letrados que atendieron a los inmigrantes presentaron escritos que eran "idénticos" y que si siquiera se entrevistaron reservadamente con sus clientes.

El Defensor del Pueblo solicitó ayuda a la Consejería de Justicia de Andalucía para esclarecer qué estaba ocurriendo. La Junta analizó 2.820 expedientes del primer trimestre del año y detectó "deficiencias" en 1.049, que afectaron a 46 de los 108 abogados del turno de oficio de Algeciras. La Junta suspendió el pago de los servicios a estos abogados (126 euros por cada guardia, cantidad que se dobla si se atiende a más de seis personas, más 60,10 euros por cada alegación o recurso presentado).

El informe de la Consejería de Justicia advertía un uso abusivo de los formularios o argumentaciones jurídicas muy escuetas. El informe del Defensor se hace eco del caso de una abogada que "utiliza el mismo escrito 145 veces".

El Defensor reclama que "el derecho fundamental a la defensa se preste con las garantías, el rigor y la profesionalidad que la ley exige" e insta al Colegio de Abogados de Cádiz a sancionar las irregularidades cometidas.