El Gobierno impedirá a Xfera vender su licencia de UMTS

El Gobierno impedirá a Xfera vender su licencia de telefonía móvil de tercera generación (UMTS), porque la nueva Ley General de Telecomunicaciones (LGT) autoriza la cesión o comercialización del espectro radioeléctrico entre compañías que operen comercialmente, lo que no es el caso de Xfera. La nueva ley crea una mesa en la que participarán todas las administraciones para controlar la instalación de antenas.

El Congreso aprobó ayer definitivamente la nueva LGT, que sustituye a la anterior de 1998, con el doble objetivo de transponer las directivas comunitarias y adaptarse al nuevo escenario de un mercado cada vez más liberalizado y en competencia.

En esa línea, el Gobierno ha decidido suavizar las condiciones de explotación de las licencias de telefonía móvil, permitiendo la cesión o alquiler entre compañías del espectro radioeléctrico, un aspecto fundamental puesto que del mismo depende la calidad del tráfico telefónico. Para cualquier modificación será preciso contar con la autorización de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, que se creará.

Sin embargo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología no desea que esta modificación sirva de vía de escape para que las operadoras "especulen" o se conviertan en "revendedoras" del espectro, que sigue siendo de dominio público, según aclaró ayer el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Carlos López Blanco. Añadió que en estos momentos no cree posible que Xfera pueda acogerse a esa posibilidad, puesto que, tres años después de obtener la licencia, sigue sin operar.

En este sentido, López Blanco indicó que continúan las conversaciones con Xfera -participada por ACS, Sonera y FCC- para que cumplan con sus compromisos de despliegue de red.

Mesa para las antenas

Otra de las novedades que se han introducido en la última fase de la tramitación parlamentaria, ha sido la creación de una mesa de cooperación para la instalación de antenas de telefonía móvil, un órgano en el que estarán integrados representantes del Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y partidos políticos. Su principal misión será dirimir en los conflictos que mantienen las compañías de móviles con las corporaciones locales para la instalación de antenas.

Sin embargo, dicha mesa no tendrá potestad ejecutiva para obligar a los ayuntamientos, puesto que las competencias en estas materias están delimitadas. "Hemos llegado todo lo lejos que podíamos llegar", dijo López Blanco.

Con la nueva ley se suprimen las autorizaciones administrativas, y cualquier operador de telecomunicaciones podrá comenzar a dar servicio con una mera comunicación a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

Precisamente, la ley aumenta también las competencias de la CMT en materia de inspección, para imponer obligaciones a los operadores que vulneren la libre competencia y aumenta las sanciones por el incumplimiento de sus resoluciones, hasta 20 millones de euros. También se avanza en la liberalización de los servicios difusión de televisión por cable.