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La renuncia del concejal del PA encarcelado reaviva la pugna por el urbanismo en Úbeda

Miguel Lázaro ocultó dos veces a su partido y al alcalde su declaración ante el juez

PP y PA pretenden acelerar al máximo la resolución de la crisis de gobierno abierta en el Ayuntamiento de Úbeda tras el encarcelamiento del concejal de Urbanismo, el andalucista Miguel Lázaro, acusado de dos delitos de estafa y uno de falsedad documental. Anoche, se aprobó en un pleno extraordinario y urgente la renuncia al acta de concejal de Lázaro, pero se reaviva ahora la pugna por el área de Urbanismo, que ha asumido el alcalde, Juan Pizarro, del PP, aunque la reclama para él Francisco Mendieta, secretario local del PA.

Al filo de la media noche del miércoles, el PA informaba en un comunicado de la renuncia del edil Miguel Lázaro y que su puesto será ocupado por el número tres en la lista andalucista, Manuel Martos. El secretario local del PA y actual concejal de Turismo, Francisco Mendieta, se apresuraba a anunciar que él mismo asumirá el área de Urbanismo, dejando Turismo para el concejal entrante.

La rapidez con la que el PA intenta tapar la crisis ha sorprendido incluso a su socio de gobierno, el PP, extrañado por su decisión unilateral de atribuirse la Delegación de Urbanismo. "Esto hay que negociarlo", indicaron ayer fuentes próximas al alcalde. El propio Juan Pizarro, que el miércoles firmó el decreto de cese de Lázaro, recordaba que el ya ex concejal ubetense no tenía delegada la firma en sus resoluciones. Por tanto, todas sus decisiones debía ratificarlas el alcalde.

Tras las pasadas elecciones municipales, el PP fue el partido más votado aunque empató a nueve concejales con el PSOE, frente a los dos del PA y uno de IU. Los andalucistas condicionaron su apoyo al PP a la obtención de las delegaciones de Turismo (que asumió Mendieta) y Urbanismo (en manos del encarcelado Miguel Lázaro). "Vamos a seguir trabajando", indicó el alcalde poco después de conocer el ingreso en prisión de Lázaro. Tanto Pizarro como los dirigentes del PA aseguraron que la gobernabilidad no corre peligro.

Sin embargo, el portavoz del PSOE y ex alcalde ubetense, Marcelino Sánchez, denunció ayer la "paralización" del Ayuntamiento y que la comisión de Urbanismo apenas ha actuado desde el inicio del mandato. "No se sabe qué pacto hicieron", añadió Sánchez, quien sospecha que populares y andalucistas rubricaron un acuerdo de gobierno basado en las "componendas".

Miguel Lázaro, que fue el fichaje estrella del PA en las pasadas elecciones, ocultó en dos ocasiones al alcalde y a sus compañeros de partido su implicación con la Justicia y su declaración ante el juez. Lázaro fue llamado a declarar dos veces ante el titular del Juzgado número 2 de Úbeda, la última de ellas el pasado martes. Sin embargo, Pizarro informó de que el ex concejal de Urbanismo le aseguró, en un encuentro mantenido en su despacho el pasado viernes, que eran falsos los rumores que circulaban por la ciudad sobre su supuesta implicación.

Fuentes judiciales confirmaron ayer que el ingreso en prisión de Miguel Lázaro se realizó como medida preventiva para evitar que "interfiera" en la investigación, que se inició hace cuatro semanas y que va a seguir en los próximos días.

El juez, que no ha decretado el secreto de sumario, envió a prisión a Lázaro tras la petición realizada por el Ministerio Fiscal. No se descarta incluso que permanezca recluido hasta la celebración del juicio, que sería por el procedimiento abreviado en la Audiencia Provincial si siguen adelante las acusaciones de los dos presuntos delitos de estafa y otro de falsedad documental.

Al parecer, Miguel Lázaro simuló unas resoluciones de los juzgados número 1 y 2 de Úbeda y, supuestamente, falsificó varios documentos, entre ellos una sentencia de la Audiencia Provincial, según informó ayer el diario Jaén.

El letrado inventó, presuntamente, la adjudicación de un piso a un cliente que demandó sus servicios para que pujara por esta vivienda. En el proceso de subasta no adquirió el inmueble y, supuestamente, se quedó con el dinero abonado por el comprador y dio a éste un auto en el que se verificaba que la compra se había realizado. El cliente, tras dilatarse los trámites de la vivienda, acudió al Juzgado donde los funcionarios evidenciaron que la documentación del comprador estaba falsificada. No obstante, fue el Juzgado el que actuó de oficio en este caso antes de que el cliente afectado presentara la correspondiente denuncia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de octubre de 2003