IU denuncia que Aguirre cobra tres retribuciones públicas

Izquierda Unida considera "inmoral" que Esperanza Aguirre, la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, cobre tres retribuciones públicas: la pensión como ex presidenta del Senado (de 10.000 a 11.000 euros brutos mensuales), un salario mínimo como senadora (600 euros netos) y el sueldo de portavoz y diputada regional sin exclusividad (2.500 euros líquidos). IU pide a Aguirre que renuncie a la pensión.

El pasado 15 de julio, la Mesa del Senado confirmó a Aguirre la pensión como ex presidenta de esa Cámara que por ley le corresponde, equivalente al 80% del sueldo que cobraba, a percibir durante dos años tras su cese. Tras recibir la pensión, Aguirre renunció al sueldo de senadora (un mínimo de 3.000 euros brutos), excepto 600 euros líquidos de dicho salario que son "irrenunciables", según Miguel Ángel Villanueva, portavoz de la campaña electoral del PP.

A esas dos cantidades que percibe de la Hacienda pública, se suma otra de 2.500 euros líquidos de la Asamblea de Madrid como diputada sin dedicación exclusiva y portavoz del PP.

"No hay nada incompatible", explica Villanueva. "La pensión indemnizatoria no es una remuneración por el ejercicio de una función, no es una pensión pública o de carácter vitalicio. Por lo tanto, cabe entender que, por aplicación del criterio de especialidad, no sería incompatible la pensión indemnizatoria con la asignación correspondiente a los parlamentarios, que tiene un fundamento diferente. La pensión sólo sería incompatible con las retribuciones que pudieran corresponder con alguno de los cargos a los que se refiere la ley [como los de presidentes de las Cámaras y miembros del Gobierno]".

Villanueva remacha que la pensión es compatible con las retribuciones de senadora y diputada regional que percibe Aguirre. Por contra, si se tratara de una pensión ordinaria de la Seguridad Social, sería incompatible.

Villanueva aclara que cuando se constituyó la Asamblea de Madrid, en junio pasado, Aguirre entendió "que su actividad fundamental iba a estar en dicha Asamblea y, puesto que ya estaba cobrando la pensión como ex presidenta del Senado, renunció el 18 de agosto a su sueldo de senadora". No obstante, su portavoz aclara que Aguirre sigue cobrando 600 euros mensuales líquidos como senadora porque es una cifra "irrenunciable" de dicho sueldo.

Villanueva cree que Aguirre no pidió el sueldo íntegro de diputada regional y renunció a la exclusividad, pese a que optó por volcarse en dicha actividad, "por entender que esa percepción ya era suficiente". En todo caso, es incompatible legalmente cobrar el cien por cien de los salarios de senador y diputado regional.

Villanueva destaca que la pensión que ahora cobra Aguirre la cobraron sus antecesores socialistas y populares en la presidencia del Senado. Y detalla que el último presidente del Senado indemnizado, el popular José Ignacio Barrero, recibió en 1999 una pensión bruta mensual de 11.373 euros, en la que se le contabilizaron "todos los conceptos", no sólo el salario base. Villanueva apunta que igual criterio se ha aplicado a Aguirre.

A Fausto Fernández, candidato de Izquierda Unida a la presidencia regional, no le bastan estas explicaciones: "Esperanza Aguirre queda inhabilitada ética y moralmente para la crítica política. Estamos hablando de recursos públicos que pagan todos los ciudadanos. La pensión por ser ex alto cargo está prevista para aquellas personas que, abandonando su actividad política, no asumen otra responsabilidad. Y Aguirre es la portavoz del Grupo Popular en la Asamblea y a eso debería dedicarse y por eso debería cobrar". "Si quiere ser pensionista de la política, que se jubile de la política", ironiza Fernández.

"Aguirre ha elegido la percepción que más ingresos le genera y no la que le correspondería por su actual dedicación, a la que debería dedicarse en exclusiva", agrega Fernández.

PSOE e IU han censurado a la candidata del PP por negarse a hacer público su patrimonio. Aguirre ha replicado con una declaración notarial para justificar que sus bienes no han experimentado crecimientos significativos durante su carrera política.

El escrito notarial se limita a constatar, sin detallarlo, que el patrimonio que Aguirre ha declarado, no ante Hacienda sino en los registros de intereses anejos a los sucesivos cargos públicos que ha ocupado desde que se estrenó como concejal en 1987, no ha sufrido variaciones significativas.