Yagüe pretende poner en vigor el PGOU de 1998 que la Junta rechazó en tres ocasiones

El gobierno tripartito de Marbella formado por ex concejales del GIL, PSOE y PA, se ha propuesto hacer entrar en vigor el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el ex alcalde, Jesús Gil, elaboró en 1998 y que hasta en tres ocasiones ha sido denegado por la Junta de Andalucía. El equipo que preside Marisol Yagüe está convencido de que sólo la recuperación de ese proyecto permite dar una respuesta a la actual situación urbanística de la ciudad y a la necesidad de dotarse de ciertos equipamientos. Aunque consiga que los tribunales le den la razón en el contencioso iniciado con la Junta, el propósito del tripartito es hacerlo entrar en vigor de forma transitoria mientras se redacta un nuevo planeamiento.

El equipo de gobierno que preside Marisol Yagüe propone como solución al caos urbanístico redactar el texto refundido que la Comisión Provincial de Urbanismo emplazó al gobierno de Marbella a realizar en julio de 1998 para subsanar una serie de errores y poder aprobar el PGOU. Pero el Consistorio nunca dio cumplimiento a la resolución, intentó por dos ocasiones más que se aprobaran sus planes urbanísticos, pero con nuevos documentos aunque de filosofía urbanística similar, y sin dar respuesta a los requerimientos de la Junta, hasta que finalmente ésta emitió su resolución definitiva en julio pasado y emplazó al Ayuntamiento a iniciar desde el principio la revisión del PGOU adaptado ya a la nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que entró en vigor en enero.

En la primera resolución de la Junta de julio de 1998 había una parte denegada y otra aprobada cuya ejecución se suspendió hasta que el Ayuntamiento no elaborara el texto refundido requerido. Ahora, cuando ya no hay lugar a éste, el gobierno municipal pretende seguir esa vía para dar cobertura a muchas actuaciones permitidas por el Ayuntamiento al amparo de aquel plan de 1998 y que como nunca ha entrado en vigor pueden ser declaradas ilegales.

"Deben ser los tribunales quienes resuelvan esas obras impugnadas, pero entendemos que el PGOU de 1998 es una buena salida para impedir que la ciudad se paralice y para poner en orden la situación", explicó ayer la primera teniente de alcalde Isabel García Marcos. Entre otros aspectos, la edil expulsada del PSOE recalcó que con el PGOU de 1986, el que legalmente está en vigor, no "hay suelo para hacer viviendas sociales, ni para construir los colegios y los institutos que necesitamos en San Pedro y en Marbella", actuaciones que dijo sí podrían realizarse si entra en vigor el plan de 1998.

El problema, según García Marcos, es que hay que actuar con urgencia y redactar un nuevo plan llevaría un procedimiento de no menos de dos años y medio, cuando la realización de un texto refundido para aprobar el plan de 1998 se podría hacer en pocos meses. La primera teniente de alcalde insiste en que se trataría de una solución transitoria, que daría respuesta a la inquietud de muchos promotores que aseguran se ven impedidos a acometer proyectos para los que han contraído deudas, y que entretanto se trabajaría en la redacción de un nuevo plan para el que se contrataría un equipo consensuado con la Junta.

Presionar a la Junta

En los últimos días han trascendido algunas informaciones sobre reuniones de promotores urbanísticos con el ex alcalde Jesús Gil y con el ex gerente de Urbanismo que el equipo de gobierno mantiene como asesor, Juan Antonio Roca, en las que se habrían urdido planes para acentuar la presión sobre la Junta y presentarla como responsable de la paralización de inversiones y de la actividad urbanística.

El delegado del Gobierno de la Junta en Málaga, Luciano Alonso, ha dicho tener constancia de estos encuentros en los que incluso se habría planteado como una medida de presión el despido de trabajadores de la construcción.

El asunto no es nuevo. El pasado 1 de agosto, día en que los actuales regidores de Marbella pusieron la moción de censura contra Julián Muñoz, Jesús Gil alegó como uno de los motivos el riesgo de paralización de la ciudad si ésta se guiaba por el PGOU de 1986 y habló de que estaban en juego 60.000 puestos de trabajo. Tres días antes, Julián Muñoz se había comprometido con la Junta a iniciar la redacción de un nuevo plan y no dar licencias de obras que no tuvieran cobertura en el de 1986.

Una de las primeras medidas del nuevo equipo de gobierno fue recurrir la resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo del pasado 10 de julio en la que se cerraba definitivamente el expediente sobre el proyecto de PGOU de 1998, con el propósito de dejar margen aún para la elaboración de ese texto refundido que permitiera aprobarlo.

En los últimos días el equipo local ha asegurado que la Junta expidió a promotores certificados sobre la viabilidad de actuaciones contempladas en el plan de 1998 y en base a los cuales éstos habrían obtenido créditos de los bancos que ahora deben pagar sin haber podido ejecutarlas.