Una juez indaga un presunto delito ecológico en las obras del aeropuerto de Loiu
La querella por delito ecológico al ampliar el aeropuerto fue presentada en marzo
La titular de un juzgado de Bilbao investigará la comisión de un supuesto delito ecológico en las obras de ampliación del aeropuerto de Loiu, tras admitir la querella presentada por un grupo ecologista. La primera actuación del juez ha sido solicitar un informe al Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil para que determine los trabajos acometidos y sus posibles riesgos.
El Seprona ya ratificó el año pasado a otro juez que existe riesgo de accidente por la celda de lindane allí ubicada. La investigación judicial es la primera abierta por el proyecto de ampliación del aeropuerto, iniciado en 1996 y culminado en noviembre de 2000. La principal actuación fue el traslado de la terminal de pasajeros y la construcción del nuevo edificio diseñado por Santiago Calatrava, que se complementó con una nueva torre de control y aparcamientos, entre otras obras.Hasta ahora, se han sucedido denuncias en los tribunales contra el depósito de lindane ubicado cerca de la pista principal del aeródromo vizcaíno, un asunto que llegó a la Comisión Europea, que certificó la existencia de una "infracción consumada" por la falta de la declaración de impacto ambiental. Sin embargo, la UE archivó la denuncia porque era una cuestión que ya no puede resolverse.
La querella por delito ecológico en las obras de ampliación del aeródromo fue presentada en marzo pasado por la plataforma ecologista Lur Maitea. En ella, argumentan que todos los trabajos, que tuvieron un coste cercano a los 210 millones de euros, se realizaron sin la declaración de impacto ambiental.
La denuncia incluye manifestaciones de funcionarios del Ayuntamiento de Loiu, como el arquitecto municipal, quien afirmó "haber visto y estar correcto el estudio de evaluación de impacto ambiental de las obras del aeropuerto". Lur Maitea incide especialmente en el proyecto de alargamiento de las pistas "que supone sobrepasar" el depósito de lindane, "acercándolo más al punto de toma de tierra o despegue de los aviones".
Los ecologistas insisten en que los 110.000 metros cúbicos de tierras contaminadas con residuos de lindane que se encuentran allí enterrados suponen un grave peligro en caso de accidente de un avión, un argumento que siempre ha sido negado por el Gobierno vasco.
"Susceptible de romperse"
El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil ratificó el pasado año ante un juez un informe realizado en 2000, en el que concluía que existe un riesgo de "accidente y catástrofe" por la existencia del depósito de lindane. El estudio señalaba que la estructura de la bolsa de residuos, enterrada en la vaguada junto a la pista de aterrizaje y despegue, "es perfectamente susceptible de romperse, bien como consecuencia de un impacto o del arrastre sobre su superficie de un objeto lo suficientemente grande".
Los agentes de la Guardia Civil afirmaban que los residuos de lindane "se encuentran a 112 centímetros [de la superficie] y no a 20 metros como dice el Ihobe", la sociedad ambiental pública del Gobierno.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, en el auto dictado el pasado miércoles en el que admite la querella, acepta la petición de Lur Maitea de que el mismo Seprona realice ahora informes periciales sobre las obras realizadas y las que se acometen actualmente en el aeropuerto, así como un estudio sobre los peligros que pueden suponer para la salud de las personas y para el medio ambiente.
La resolución precisa que los hechos relatados presentan "los caracteres de un delito contra el medio ambiente, que es perseguible de oficio", pero no se pronuncia sobre la paralización del aeropuerto pedida por los ecologistas. Acuerda además dar traslado de la querella al fiscal para que emita el correspondiente informe.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Bilbao emitió en octubre de 2002 la primera sentencia que declaraba ilegal la celda de lindane del aeropuerto. El argumento fue también la carencia de la declaración de impacto ambiental y el fallo, dictado contra el Ayuntamiento de Sondika, consideraba que "incurrió en un vicio procedimental determinante de la nulidad del acto".
La resolución, que era firme al no haber sido recurrida, obligaba a que se repitieran todos los procesos de autorización de la obra. Así, especificaba que se debía presentar un estudio de impacto ambiental, que luego sería sometido a un periodo de información pública.
