El vaivén lingüístico

Lo primero que hizo el recién llegado Gobierno de Jordi Pujol (1980) fue crear la Dirección General de Política Lingüística. En mayo, Aina Moll asumía esta delicada tarea. "Lo primero que me encargó Max Cahner fue visitar todos los departamentos de la Generalitat para empezar a actuar dentro de la institución. No teníamos ni tan siquiera funcionarios traspasados, como otros departamentos. Pero tampoco teníamos un aparato funcionarial que venía de otros tiempos y nunca había soñado que tendría que trabajar en catalán". Moll estuvo dos legislaturas. "Lo más gratificante fue la cohesión de todos los partidos. Hubo una respuesta magnífica de todos los sectores sociales, obviamente de los partidos nacionalistas y, muy en especial, de la izquierda, en cuyas filas había muchos castellanohablantes".

Una queja constante de la Generalitat es que el Gobierno central no ha considerado las lenguas cooficiales como patrimonio de todos

Moll recuerda que cuando se planteó la primera ley de normalización, Pujol le pidió que se hiciera todo lo que se pudiese para avanzar, pero en plena concordia, sin conflicto social. Pocas semanas después del 23-F (1981), se publicaba el Manifiesto de los 2.300, que denunciaba los intentos de la Generalitat de convertir el catalán en la única lengua oficial. "El manifiesto provocó una reacción de apoyo a la Generalitat. Recuerdo un pliego de firmas de badaloneses con miles de firmas, de representantes de entidades y de ciudadanos de todas la clases, incluso algunos que firmaban con el dedo".

Muchas normas llegaban a los tribunales. La prolongada disputa forense sobre esta ley terminó en 1994 cuando el Constitucional ratificó la legalidad de aquella ley. Las claves de aquella primera etapa fueron el consenso y las políticas de fomento. "Mi situación era atípica. Era una independiente, a muchos políticos los conocía de haber estado juntos en la resistencia cultural al franquismo, etcétera. En mi etapa no hubo grandes escaramuzas políticas. Pero ocho años después todo tenía que ser distinto. La normalidad democrática hace más lógico que el Gobierno ponga personas de su partido y que se entre en una situación de debate donde cada uno defiende sus posturas".

Cuando la Generalitat lanzó la segunda ley del catalán, en 1996, el consenso estaba roto. Moll ya comentó entonces que la nueva ley no hacía falta, que había mucho recorrido todavía con la primera. "Con todo, creo que globalmente lo han hecho bien y no comparto el desánimo de algunos sobre la situación del catalán. Las últimas estadísticas no dan pie al pesimismo, casi toda la población entiende el catalán y los pequeños retrocesos no son comparables a los aumentos demográficos empujados por la inmigración. En cualquier caso, el uso del catalán no es una responsabilidad única de los políticos. Debe impulsarlo la sociedad".

El año 1996 consagrará un cambio de talante, ya anunciado en circulares y normas anteriores. Aunque la Generalitat siempre ha hecho un complicado juego entre enunciados osados, leyes que lo son menos y que, finalmente, se ejecutan a medio gas, aquel año el consejero Pujals decidió dar un paso conflictivo: exigir por ley atención en catalán en el comercio. Nunca se había pretendido entrar a regular el uso interpersonal de la lengua. La propia Unió hizo pasillos para rebajar el proyecto, que finalmente llegó al Parlament recortado y se aprobó sin consenso a finales de 1997. A principios de 2003, el conseller en cap, Artur Mas, anunciaba que iban a apretar las tuercas en la aplicación de esta ley, pero el decreto que debía hacerlo se centraba en exigir a los ayuntamientos que aplicaran la ley en lo que respecta a la apertura de comercios y rotulación en catalán. El núcleo del debate estuvo, y está, en los derechos individuales. Quienes defienden su total respeto consideran que las leyes tienen que contemplar el bilingüismo real de la sociedad catalana. Critican que de un artículo estatutario declarativo -"el catalán es la lengua propia"- se quiera derivar una prescripción que da al castellano una oficialidad de segundo rango. Quienes defienden que la supervivencia del catalán es un valor superior y un derecho colectivo replican que la Constitución consagra la "obligación" de todos los españoles de conocer el castellano. ¿Por qué?, argumentan, ¿el castellano puede ser obligatorio y el catalán sólo un derecho? En cualquier caso, la sociedad catalana ha mantenido la convivencia a pesar de episodios desgraciados y vaivenes políticos.

Una queja constante de la Generalitat es que el Gobierno central nunca ha considerado las lenguas cooficiales en España como patrimonio de todos e incumple la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias. En la UE ampliada, el catalán es la novena lengua con más hablantes, por encima, en este palmarés demográfico, de otras admitidas como oficiales.

Jordi Roigé es el actual responsable de política lingüística. Durante su mandato no se ha aplicado ninguna sanción. "Sólo ha habido apertura de expedientes que se han solucionado sin llegar a la sanción". Roigé está convencido de que, en este terreno, las leyes tienen que crecer al mismo ritmo que la voluntad de la población y que "no tiene sentido hacer una nueva ley sin un nuevo estatuto que la ampare". Roigé defiende que la política lingüística ha sido "suave, pero útil". "Hace 20 años estábamos preocupados por el porcentaje de ciudadanos que conocían el catalán, ahora se ha desplazado hacia el uso, estamos en otro estadio de preocupaciones". Ahora, la máxima actividad del departamento está en las campañas de sensibilización como la de En català tu hi guanyes, dirigida al comercio. "No se trata de apelar a argumentos patrióticos, sino a los de utilidad". El último es el movimiento de Voluntaris per la Llengua. Sus voluntarios dedican unas horas a charlar con personas, generalmente inmigrantes, que quieren aprender catalán. Algunas personas y no precisamente anónimas, como Marta Ferrusola, han llegado a anunciar que la inmigración conseguirá que las mezquitas desplacen al románico. Para otros, que la nueva inmigración también hable catalán no depende de su buena fe ni sólo de una política lingüística. Se trata de que puedan vivir, no sólo estar o sobrevivir, en Cataluña.