Bruselas presiona a Francia para que frene su déficit con más recorte del gasto en 2004

La Comisión constata que el Gobierno francés "no ha tomado ninguna medida efectiva"

La Comisión Europea constató ayer oficialmente que Francia "no ha tomado ninguna medida efectiva" para llevar su déficit público por debajo del 3% del PIB como le exigió en junio el Ecofin (ministros de Economía y Finanzas de la UE). Bruselas opta así por mantener la presión sobre París para que se ajuste al Pacto de Estabilidad y proceda a una reducción adicional del gasto. Las medidas que deberá adoptar Francia se presentarán el 21 de octubre y deberá bendecirlas el Ecofin. El Ejecutivo francés tendrá dos meses para acatarlas si quiere evitar una sanción.

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Los servicios del comisario europeo de Asuntos Económicos, Pedro Solbes, son claros en su valoración del Presupuesto francés de 2004: las medidas anunciadas en septiembre por el Ejecutivo galo (entre las que se incluye la cancelación de créditos al sector público -1.400 millones de euros-, la suspensión en el reembolso de medicamentos, el aumento del impuesto sobre el tabaco y la reforma de las pensiones) tendrán "una incidencia marginal" al situar el déficit público por debajo del nivel de referencia del 3% del PIB como le requirió en junio el Ecofin. Francia encabezará este año la lista del déficit público de la zona euro con un 4%.

"Los planes presupuestarios para 2004", reconoce Bruselas, "incluyen una mejora implícita del equilibrio cíclicamente ajustado". De hecho, el proyecto de ley presupuestaria francesa prevé un recorte del déficit de cuatro décimas, hasta el 3,6% el año próximo. Pero es insuficiente y por tercera vez violará el criterio del pacto. A eso se le suma que la deuda pasará del 59% del PIB de 2002 al 61,4% en 2003, casi un punto y medio por encima del techo fijado por Bruselas. "Ésta es la prueba de que las autoridades francesas no tomaron medidas para limitar el aumento de la deuda pública en 2003".

Ante esta violación flagrante del Pacto de Estabilidad, Bruselas opta por mantener la presión sobre París para que proceda de inmediato a una reducción adicional del gasto público. Solbes presentará el 21 de octubre los pasos concretos que deberá dar París para corregirlo.

Los ministros de Economía y Finanzas deberán aprobar después las recomendaciones de la Comisión Europea en su reunión del 4 de noviembre. Francia dispondrá a partir de entonces de dos meses para acatar la nueva recomendación, si quiere evitar una sanción que puede llegar al 0,5% de su PIB (unos 7.500 millones de euros). En todo caso, Bruselas tendrá muy en cuenta el deterioro que ha sufrido la economía europea desde el lanzamiento del ultimátum en junio, como reconoció el comisario Solbes tras escuchar los argumentos del ministro Francis Mer durante la reunión del Eurogrupo del lunes.

Mer logró arrancar además la simpatía de sus homólogos hacia su situación y por primera vez hubo un consenso entre los ministros a la hora de valorar el déficit francés como un problema de la zona euro. El déficit medio de la Unión Monetaria se situará este año en torno al 3% del PIB, y se afirma que no se alcanzará el equilibrio presupuestario antes de 2009, cuando lo acordado era lograrlo en 2004.

Francia, la segunda potencia económica de la Unión Monetaria, insiste en que lo importante ahora es el crecimiento. Todo indica ahora que a Francia se le exigirá que vaya un poco más lejos en su esfuerzo de reducción del gasto y que dispondrá de un plazo hasta 2005 para llevar su déficit por debajo del 3%.

Aubry y las 35 horas

La ex ministra de Trabajo socialista y actual alcaldesa de Lille (Francia), Martine Aubry, ha salido en defensa de la ley de 35 horas que ella implantó, asegurando que "la izquierda puede estar orgullosa de la reforma". La derecha ha criticado duramente esta norma y aprobó ayer, en la Asamblea Nacional, una comisión informativa sobre la cuestión.

Aubry, en una entrevista al diario Le Monde publicada ayer, reconoce que la ley "necesita adaptaciones", pero replica con dureza a la campaña iniciada por el centro-derecha. El ministro delegado de Presupuestos, Alain Lambert, acusó a esta ley de haber costado 15.000 millones de euros -un punto del déficit público- al Estado francés. Aubry negó este extremo y afirmó que el coste ha sido "débil", unos 5.200 millones de euros, de los que habría que deducir 4.000 millones más, teniendo en cuenta los 350.000 nuevos empleos creados.

La estrategia a seguir sobre las 35 horas divide a la mayoría de centro-derecha entre quienes prefieren derogar la ley y quienes quieren reducir sus efectos con diálogo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 08 de octubre de 2003.

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