Cuentas políticas

El informe del Tribunal de Cuentas sobre las finanzas de los partidos en 2001 incluye todos los reproches posibles (opacidad, ingresos irregulares, morosidad en el pago de deudas) contra todas las formaciones, y concluye con la recomendación de que se reforme la ley de financiación para adecuarla de manera más realista a lo que ocurre en la práctica. Seguramente habrá que hacerlo, pero ello no significa que las irregularidades sean efecto de una financiación insuficiente.

En España existe una generosa triple vía de financiación pública de la política: para el funcionamiento ordinario de los partidos, para gastos electorales y para subvencionar a los grupos parlamentarios. Además, están reguladas las aportaciones privadas, cuyo importe máximo por donante se fijó en 1987 en 10 millones de pesetas. La ley también establece, de manera un tanto arbitraria, que el total de donaciones anónimas no podrá superar en conjunto el 5% del total destinado ese año por el Estado a la financiación de los partidos. A mediados de los noventa, tras escándalos como los de Filesa y Naseiro, se planteó, todavía con Gobierno socialista, eliminar ese condicionante y ampliar el límite por donante hasta 25 millones de pesetas.

Han pasado ocho años, en todos los cuales el Tribunal de Cuentas ha seguido señalando el incumplimiento sistemático de la ley, pero ni se ha cambiado ésta ni ha habido consecuencias para los infractores. En Alemania, hace tres años, el ex canciller Kohl tuvo que dimitir como presidente honorario de su partido por negarse a revelar los nombres de los donantes que ayudaron irregularmente a su financiación. La ley exige en aquel país la identificación de los donantes a partir de una cierta cantidad. Aquí no existe esa obligación. La izquierda quiere introducirla, así como prohibir las donaciones directas de empresas. El PP se opone a tales limitaciones.

El resultado es que unos y otros hacen la vista gorda ante las irregularidades de los demás, la condonación de deudas por los bancos, la utilización al margen de la ley de los ayuntamientos como mecanismo de financiación de los partidos que los dirigen, la existencia de subvenciones adicionales y no previstas en la norma desde algunos parlamentos autonómicos y, en definitiva, mucha ingeniería financiera para cuadrar cuentas. Las propuestas de moralización de la vida pública se detienen justo antes de llegar a este asunto. ¿Cómo extrañarse luego de que cunda la desmoralización ciudadana?