Del error judicial a la pifia ministerial
La detención el pasado 18 de septiembre de Tony Alexander King, autor confeso del asesinato de Rocío Wanninkhof el 9 de octubre de 1999 en Mijas, ha arrojado nuevo combustible a la pasional hoguera encendida en la sociedad española por un crimen equiparable con los más resonantes casos célebres de la crónica negra de los siglos XIX y XX. El 19 de septiembre de 2001, un jurado popular había declarado equivocadamente culpable del atroz delito a Dolores Vázquez, una antigua amiga de la familia de la víctima; sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía invalidó el 1 de febrero de 2002 el veredicto por su defectuosa motivación y ordenó la celebración de un nuevo juicio. El supuesto móvil atribuido a Dolores Vázquez era un acto de venganza contra la madre de la víctima, con la que había mantenido en el pasado una conflictiva relación amorosa; si aquel morboso antecedente recabó en su día la atención de la opinión pública, la rocambolesca historia de la falsa culpable ocupa ahora el centro de la polémica.
La extraña pareja formada por el ministro de Justicia y el ministro del Interior, que se relamen como gatos golosos cuando anuncian en televisión los aumentos de penas, las tipificaciones de delitos y los endurecimientos de las condiciones de acceso a los beneficios penitenciarios propios de las frenéticas reformas criminales del PP, se apresuraron a salir al paso de cualquier eventual responsabilidad del Gobierno en el caso Wanninkhof. Al ministro Michavila le correspondió lidiar con el espectro del error judicial, amenazadora sombra para las condenas a pena de muerte (abolida en España) o a una larga privación de la libertad. La circunstancia de que la sentencia contra Dolores Vázquez fuese dictada por un jurado popular permitió al titular de Justicia la pillería de recordar que esa institución procesal fue implantada por los socialistas con la oposición del PP; abstracción hecha de la calificación que pueda merecer la variante española del jurado, las posteriores resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Supremo, que anularon el veredicto, corrigieron esa terrible equivocación y demostraron la eficacia de las cautelas garantistas adoptadas por la ley de 1995.
A la vez que el ministro Michavila evoca la existencia de un error judicial para culpabilizar así a los socialistas como apadrinadores del jurado, en consonancia con la cómica costumbre del PP de actuar como oposición de la oposición, el ministro Acebes difumina los fallos policiales cometidos a lo largo de una investigación colmada de desaciertos para eludir de esta manera cualquier mácula de contaminación del Gobierno. Las críticas dirigidas por los socialistas contra la falta de coordinación entre la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía durante las pesquisas y sus razonables sugerencias a favor de un Mando Único capaz de evitar esa disfuncional falta de entendimiento fueron replicadas de manera incongruente y con mala fe por el presidente del Gobierno como si equivaliesen a una propuesta de disolución del instituto armado.
La obsesión de quitarse las moscas de encima ha llevado al ministro Acebes al despropósito de culpar a la Ley de Protección de Datos por la pifia policial de haber metido en un cajón o arrojado a la papelera los informes enviados en 1998 por Scotland Yard sobre Tony Alexander King como "potencial peligro para las mujeres". El deseo del titular de Interior de no rendir cuentas al Congreso como responsable de los servicios de seguridad del Estado, le hizo también sostener el pasado jueves ante la Comisión de Justicia la exculpatoria coartada según la cual la investigación de la Guardia Civil sobre el caso Wanninkhof tuvo "una dirección verosímil y absolutamente plausible" y fue "exhaustiva y profunda"; aunque la confesión de Tony Alexander King (que campaba por sus respetos en Málaga mientras se sucedían crímenes que encajaban a la perfección con las advertencias enviadas por la policía británica) exonera a Dolores Vázquez de las acusaciones que le llevaron a la cárcel durante 17 meses, el ministro Acebes mantuvo ante los diputados la injuriosa acusación de que la falsa culpable poseía un "perfil delincuencial verosímil".
