UGT apuesta por poner fin al caos existente en la Función Pública

La convocatoria, hoy, de la mesa sectorial de la Función Pública para ratificar el preacuerdo sobre "estabilidad laboral y promoción profesional" de los empleados de la Administración General de la Generalitat Valenciana alcanzado el pasado día 1 ha desatado enfrentamientos entre los sindicatos firmantes del documento, los representantes de CCOO -que no apoyó el texto-, y los empleados interinos a los que afecta el documento.

Toni Femenia y Toni Calderón, portavoces de UGT, explicaron ayer que el acuerdo pretende ofrecer a 3.200 trabajadores al servicio de la Generalitat, sobre una plantilla total de unos 17.000, la posibilidad de consolidar su plaza a través de unas pruebas de promoción que reconocen como mérito una antigüedad superior a los cinco años de servicios; incorpora 300 nuevos puestos cuyo coste para las arcas públicas estimaron en tres millones de euros; y, sobre todo, pretende desbloquear "la situación de caos" que atraviesa la situación laboral de los empleados de la Generalitat.

Los concursos de promoción y ofertas de empleo público en el seno de la Administración autonómica han permanecido bloqueados desde 1989. El PP sólo se comprometió a convocar pruebas de acceso a la función pública en 2000, las únicas que se han celebrado en más de una década y siguen en marcha en la actualidad.

Convocatorias

El preacuerdo firmado el 1 de octubre es paralelo al acuerdo alcanzado en julio de 2001, cuando la Generalitat se comprometió a reducir la temporalidad en la función pública a través de sucesivas convocatorias de empleo público.

Pero ninguno de los acuerdos alcanzados bajo mandato del PP se han cumplido, según fuentes sindicales. La virtud del nuevo acuerdo es que está previsto incluirlo en la ley de acompañamiento de los presupuestos y dotarlo, por tanto, de rango legal.

Sin embargo, CCOO expresó ayer su malestar por las descalificaciones recibidas al descolgarse de la firma. Portavoces de CCOO rechazan el mérito que se atribuye a los empleados con una antigüedad de cinco años en el servicio, uno de los extremos que la Generalitat se ha negado a modificar en las negociaciones del preacuerdo, según fuentes sindicales.

La mitad del personal interino al servicio de la Administración General de la Generalitat se ha incorporado en las dos últimas legislaturas y el PP incluyó en la ley de acompañamiento del año pasado una nueva categoría de servidores públicos de alta dirección cuyos contratos responden a modelos empresariales.

Muchos interinos, finalmente, se enfrentan a su propia plataforma, que firmó el acuerdo, porque rechazan someterse a concursos de méritos. Pero tal posibilidad está excluida por la Constitución y todo un rosario de sentencias judiciales.