Ir a clase en prisión

La falta de entendimiento entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía en el traspaso de competencias de 68 docentes de una docena de cárceles andaluzas ha terminado por afectar a los reclusos de las cárceles. Los presos de la cárcel de Sevilla han presentado casi 200 reclamaciones ante el juez de vigilancia penitenciaria en las que aducen la vulneración de dos derechos fundamentales recogidos en la Constitución: el derecho a la educación (artículo 27) y el que atañe al acceso de la cultura para la reinserción efectiva en estos centros penitenciarios (artículo 25.2)

Se presume que la acción iniciada en Sevilla origine una cascada de reclamaciones en el resto de centros penitenciarios andaluces, 12 en total. Sólo en la prisión de Córdoba, 275 internos fueron matriculados oficialmente en abril. De ellos, sólo 76 internos están siendo atendidos en las líneas de Formación Inicial Base, para alfabetización, y Formación Base establecidas por la Consejería de Educación. Ya que la matriculación en los centros penitenciarios es abierta, en el mes de septiembre otros 138 internos han solicitado asistencia oficial, con lo cual el colectivo desatendido asciende a 283 personas sólo en Córdoba.

El hecho de que no sean atendidos responde a que en las prisiones cohabitan dos tipos de docentes, los que dependen de la Consejería de Educación, una docena para todas las cárceles, y los que aún no han sido transferidos por el Ministerio de Educación. La raíz del asunto atañe a este último colectivo agrupa a 68 y permanece en tierra de nadie desde 1999. Un real decreto de este año estipuló la transferencia de los docentes, algo que se ha llevado a cabo en 13 de las 17 comunidades.

Al no estar transferidos a Andalucía, la Consejería de Educación no regula su función y su actividad en las cárceles no es oficial desde 1999. No obstante, los docentes dependientes del Gobierno central han desarrollado una función que ellos mismos catalogan como "clases particulares", ya que en el pasado curso trabajaron con 3.289 alumnos no matriculados en los 12 centros penitenciarios.

Estas "clases particulares" tenían cierta finalidad oficial hasta el año pasado, el último en el que los reclusos podían presentarse a pruebas libres para obtener el graduado escolar. En el presente curso, los docentes habilitados por la Junta no pueden cubrir la amplia demanda de los reclusos. Se estima que una sexta parte de los reclusos no puede acceder a la educación reglada.

La Comisión Mixta que debía haber tratado la transferencia de los 68 docentes dependientes del Ministerio de Educación no se reúne desde 2000. El director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Carlos Gómez, explicó ayer que "se está negociando y que no hay problemas en asumir" a los 68 docentes dentro del sistema educativo andaluz. No obstante, mientras llegan o no esas transferencias, Gómez dijo que cualquier medida para paliar la situación actual "no es una solución definitiva".

Sin traslado

La situación, además de afectar al colectivo de reclusos andaluces, incide de lleno en la situación laboral de los 68 docentes. No tienen derecho a pedir traslado a otros centros educativos. Su régimen retributivo depende del Ministerio del Interior, pero al estar ligados de forma transitoria del Ministerio de Educación, no reciben los suplementos salariales de ninguno de los regímenes laborales de ambos departamentos. Así ocurre desde 1999.

Por eso han decidido realizar reclamaciones administrativas ante las administraciones central y autonómica que probablemente acaben en los juzgados de lo contencioso-administrativo. Pero los docentes ven en su problema laboral un asunto menor al lado del que "sufren" los reclusos. Luis Martínez, uno de los 68 profesores que no están transferidos, lanza una pregunta: "Qué ocurriría si un solo niño de un centro ordinario tuviera matrícula y quedara fuera del sistema educativo?"