Seis de cada diez médicos españoles apoyan que se legalice la eutanasia
Una encuesta del CIS a 1.057 profesionales pulsa la opinión sobre el suicidio asistido
La mayoría de los médicos españoles son partidarios de legalizar la eutanasia. Seis de cada diez apoyan un cambio de la ley "para permitir a los enfermos pedir y recibir el suicidio asistido por un médico y/o la eutanasia activa", según una encuesta efectuada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a la que ha tenido acceso este diario. El apoyo a la aplicación de "un tratamiento que controle el dolor aunque tenga como efecto secundario la aceleración de la muerte", la denominada eutanasia pasiva, recibe un apoyo aún más generalizado entre los médicos.
La encuesta fue solicitada por el Senado en junio de 1999, cuando el titular del Ministerio de Sanidad era José Manuel Romay Beccaría. La moción que instaba al Gobierno a efectuar el sondeo definía la eutanasia así: "La acción que tiene por objeto terminar deliberadamente con la vida de una persona que padece una enfermedad terminal e irreversible, con sufrimientos que ella vive como intolerables, a petición libre, explícita y reiterada de ésta".
Una aplastante mayoría de los encuestados, el 85%, considera que un correcto empleo de los cuidados paliativos (adecuado tratamiento del dolor) no es suficiente para resolver "todas las situaciones de eutanasia", de ahí la oportunidad del cambio legal. Del 60% de los médicos que apoyan el suicidio asistido o la eutanasia, la mayor parte (41,5%) está de acuerdo "sólo para enfermos terminales", mientras que una minoría (18,4%) apoya la eutanasia "independientemente de que la enfermedad sea terminal o crónica (grave e irreversible)". El 31,4% de los encuestados está en contra de que se modifique el Código penal para permitir el suicidio asistido y /o la eutanasia activa.
Apoyo cauteloso
Pese al apoyo mayoritario a un cambio legal, son muy pocos los médicos que responden estar ahora dispuestos a practicar la eutanasia si se les pide. "En un paciente con dolor intenso, ansiedad, depresión, abandono, soledad u otras condiciones que solicita la eutanasia, ¿cuál cree que puede ser la respuesta más adecuada?", fue la pregunta. Sólo el 6% respondió "proporcionarle lo que pide", mientras que el 70% optó por "controlarle el dolor y los síntomas".
La eutanasia es un debate que sacude cada vez con más asiduidad a la opinión pública en general y a los profesionales médicos en particular, como demuestra la polémica que acaba de suscitar en Francia la muerte de Vincent Humbert. Este joven francés, tetrapléjico y ciego desde hace tres años, había solicitado reiteradamente la muerte hasta que el 25 de septiembre pasado su madre le proporcionó una fuerte dosis de barbitúricos y un día después los médicos que le atendían decidieron dejarlo morir.
Los médicos entrevistados han sido finalmente 1.057, a pesar de que la encuesta se diseñó al principio para 1.900. Los nombres se han elegido aleatoriamente de entre los que figuran en la base de datos del Consejo General de Colegios de Médicos, lo que ha permitido acceder tanto a los que ejercen la medicina privada como a los que trabajan en centros públicos. También los hay de todas las comunidades autónomas y de todas las especialidades. Las entrevistas se efectuaron en abril y mayo de 2002.
Cuando se les preguntó a los médicos qué es lo que lleva a un enfermo "a pedir que se acabe con su vida", el 75% citó el "dolor insoportable". Ninguna de las otras causas citadas superó el 40% de respuestas. Por orden de mayor a menor fueron el "miedo a tener que depender de los demás", la sensación de "ser una carga personal para la familia", la "depresión", el "miedo al deterioro físico" y el "miedo a perder el control mental por la enfermedad".
Los médicos están convencidos de que la mayoría de la población comparte su opinión sobre un cambio legal. Al plantear a los encuestados la pregunta de cuáles "pueden ser las mayores dificultades que puede originar la legalización de la eutanasia", son muy pocos (el 11,6%) los que citan el "rechazo social". Sin embargo, las respuestas se reparten por igual (del 50% al 60% de los encuestados) entre la "vulneración de los derechos de las personas en situación de fragilidad", la "mala utilización" de esa práctica y los problemas "de carácter ético".
"Práctica aceptada"
Una gran mayoría de los médicos se muestra de acuerdo con esta frase: "Es una práctica médica aceptada incrementar la dosis de un analgésico para un enfermo terminal, con el objetivo de aliviar el sufrimiento, siendo consciente de que podría acelerar el final de su vida". Igual nivel de apoyo recibe esta otra afirmación: "Algunas veces es una decisión acertada suspender (o no iniciar) un tratamiento de prolongación de la vida con muy mala calidad".
Un nivel de acuerdo alto, pero algo menor, lo recibe la frase clave de la encuesta: "Los enfermos terminales que conservan totalmente sus facultades mentales tienen derecho a decidir sobre la finalización de su vida". Pese a ello, son más los que están de acuerdo que los que discrepan con esta negativa: "Nunca recetaría / proporcionaría una dosis letal a un enfermo".
El mayor rechazo se lo llevan estas frases: "Desconectar el respirador artificial de un enfermo terminal es un asesinato intolerable", "la legalización de la eutanasia estimularía su práctica sin el conocimiento de los pacientes y sus familiares" y "la legalización de la eutanasia implicaría una menor investigación sobre las enfermedades terminales". Tanto apoyo como rechazo recibe esta afirmación: "La legalización de la eutanasia estimularía la petición de los enfermos para que se les aplique, ya que se siente como una carga para la familia".
El mayor acuerdo lo concita una frase que muestra lo muy en serio que los médicos se toman este tema: "Proporcionar una dosis letal a una enfermo puede crear serios problemas profesionales o legales al médico que lo haga".
El artículo 143
Tanto la eutanasia como el suicidio asistido son en estos momentos delitos previstos en el artículo 143 del Código Penal. Sobre el suicidio asistido, su apartado 2 señala: "Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona". El apartado 3 precisa: "Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte".
Pero estas fuertes penas se ven reducidas en los casos que comúnmente se consideran eutanasia o suicidio asistido. El apartado 4 del citado artículo 143 señala: "El que causare o cooperare activamente en actos necesarios y directos a la muerte del otro, por petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo". Esta reducción significa que al cooperador necesario en un suicidio se le penalizaría con apenas seis meses de prisión y que el ejecutor de una eutanasia cumpliría tres años.
Los partidos de la izquierda han pedido reiteradamente una modificación de este artículo para que quien cause o coopere activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro "por petición expresa, seria e inequívoca de éste, que conste en documento público, y mediante dictamen facultativo que constate la situación médica del paciente". El PP se opuso por última vez a esta propuesta en diciembre pasado.
Pese a que hay en Europa fuertes movimientos en favor de la despenalización, sólo Holanda y Bélgica han aprobado leyes que permiten la eutanasia. En otros dos países, Suiza y Estonia, se permite el suicidio asistido, según un estudio del Consejo de Europa.
